El paro nacional de 48 horas que convocó el Gobierno, con la participación de las principales centrales obreras y respaldado por organizaciones sociales, deja varias lecciones, singularmente en Cartagena.
Para los observadores de estas movidas político-sociales no fue sorpresa que en la ciudad el comportamiento de los protestantes fuera pacífico; los dirigentes de las centrales obreras siempre han asumido una conducta de consideración, razón por la que Cartagena siempre se ha librado de la violencia en este tipo de manifestaciones.
Lo que sí causó extrañeza fue la determinación de líderes sindicales y, en general, de protagonistas del paro, de bloquear en forma absoluta algunos puntos viales de la ciudad, singularmente los centrados en accesos a Mamonal.
Valdría la pena que quienes lideraron la jornada de dos días informaran si ese cambio tan agresivo hacia la industria local fue ordenado desde Bogotá, o si se trató de una decisión autónoma adoptada localmente.
La inquietud es pertinente porque prácticamente en el resto del país no se desplegó una conducta tan radical y precisamente dirigida al sector económico que mejores empleos genera, bien remunerados, con el cumplimiento estricto de las normas laborales y de la seguridad social, y que menos se afectaría con las normas que se reclaman en la reforma laboral, pues la industria normalmente tiene formas y ahorros para decidir qué medidas acoger frente a los mayores costos que implicaría la aprobación de los cambios en las materias que trata el texto que ya se aprobó en la Comisión Cuarta del Senado.
Buena parte de los sindicatos que participaron en el paro están integrados por afiliados cuyos empleadores son del sector industrial, con lo cual es difícil comprender por qué esta determinación de propinarle daño específico a tales empresas, de las que derivan sus sustentos y los de sus familias.
Esas empresas, además, cuentan con voceros que mantienen comunicación constante y disposición de diálogo no solo con los representantes de los trabajadores sino también de las comunidades vecinas. De hecho, no hay empresas que destinen más recursos permanentes a mejorar el bienestar de sus vecinos que las del sector industrial.
Desconcierta que el bloqueo sea la opción escogida para sellar un paro, como si fueran sinónimos; esa no puede ser la opción pues se desnaturaliza la protesta y la desprestigia, lo que afecta su legitimidad social.
Pero es que, además, el daño que se causa con los bloqueos totales de vías no es noble por donde se le mire, razón por la que está instituido como delito en nuestra legislación debido a que las afectaciones que propina son socialmente muy superiores a los beneficios que deja desde la óptica de la constitucionalidad de la protesta pacífica.
Sería preferible que este tipo de protestas vuelvan por sus fueros, en armonía con el resto de los ciudadanos.