En 2024, el Concejo de Cartagena aprobó un cupo de endeudamiento por $1,5 billones al Gobierno de Dumek Turbay. La noticia es alentadora al mostrar un gobierno que le apunta a la ejecución de obras necesarias, que no han sido posibles y que tienen a la ciudad en un atraso relativo frente a las principales ciudades; sin embargo, me surgen algunas preocupaciones relacionadas con este ambicioso proyecto.
En primer lugar, el monto. El cupo aprobado es el mayor en la historia de la ciudad. Es una cifra que compromete no solo a esta administración, sino a las futuras. La deuda pasaría del 6% al 98% de los ingresos corrientes entre 2024 y 2027, multiplicándose 16 veces y llegando a ocupar casi todo el límite legal del 100% en una administración.
Una deuda de ese monto dejaría a Cartagena mal parada ante una eventual crisis o ante una emergencia. No se trata de oponerse al uso del crédito para la ejecución de obras, pues es óptimo que la ciudad utilice su capacidad de endeudamiento con tantas necesidades acumuladas; sin embargo, es importante tener en cuenta que no estamos ante una crisis ni se han caído los ingresos como para que la ciudad se vea en la necesidad de utilizar todo el endeudamiento que sea posible en una administración.
A lo anterior se suma el hecho de que más de la mitad de los recursos de crédito planean destinarse a infraestructura vial. Debemos preguntarnos si realmente es justificable utilizar más de la mitad del cupo de la ‘tarjeta de crédito’ para construir carreteras. La inversión en infraestructura tiene el potencial de mejorar la calidad de vida, pero ese potencial es limitado. Esto lo ha demostrado la experiencia de Barranquilla, en donde, a pesar de las grandes inversiones en infraestructura vial, las condiciones de bienestar de la población no han mejorado al mismo ritmo.
Por último, y no menos importante, hay que preguntarse si el Distrito cuenta con la capacidad institucional para ejecutar obras de semejante magnitud; sobre todo, porque según Funcicar se están repitiendo algunos de los errores que llevaron a que el préstamo de $250 mil millones anterior que prometió 39 escuelas, solo entregara 6. Es indeseable que una nueva operación de crédito termine en promesas incumplidas debilitando la confianza de los cartageneros.
Cartagena necesita más inversión, sí; pero endeudarse debe ser un acto de responsabilidad, pues afecta la disponibilidad de ingresos futuros. Se necesita una ciudadanía informada y vigilante que contribuya a que la ejecución de las obras se haga con la mayor transparencia y eficacia. Aplaudo la visión de largo plazo y la ambición de la administración actual, pero debemos ser fiscalmente responsables para garantizar que Cartagena tenga una transformación real y no más promesas aplazadas.