Una acción popular es un mecanismo con el que se busca proteger los derechos e intereses colectivos. Esos derechos pueden estar relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica, entre otros.
También se puede usar, cuando sea posible, para devolver las cosas a su estado anterior, por una acción u omisión de una autoridad o un particular. En el 2015, “con el argumento de que el caño Juan Angola puede desaparecer debido a la alta contaminación y sedimentación que contiene, el personero distrital, William Matson, presentó una acción popular.
En este proceso fueron accionados el Distrito, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), el Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).
El recurso fue admitido por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Distrito de Cartagena y pretende que se ordene a las autoridades mencionadas desarrollar acciones a favor de la recuperación del cuerpo de agua, no solo por la conservación del medio ambiente, sino para proteger los derechos a la seguridad, a la salubridad y al goce del espacio público de la comunidad aledaña”. “La comunidad padece un desagradable deterioro ambiental sostenido, porque la presión de los escombros, las sobresalientes basuras e impurezas provocadas sobre las aguas del caño y la pérdida de profundidad por la dilatación de la materia orgánica ocasionan que el cuerpo de agua sea insostenible”, reza el radicado “Tenemos un comportamiento diferente al de algunas autoridades administrativas, por eso emprendimos esta acción popular (...) hay unas invasiones en el caño Juan Angola, sobre todo cerca del puente Benjamín Herrera (adyacente al caño), que deben reubicar para que recuperemos el cuerpo de agua”, afirmó Matson.
En la sentencia para llevar a cabo lo peticionado, se destinaron 15 mil millones de pesos, a los cuales, en el año 2023, aún no se le habían dado uso y en ese momento, para poder reubicar a los invasores de La Unión, donde se hizo el tapón de las aguas, 50 mil millones de pesos no eran suficientes.
A la fecha, puede que hayan limpiado Juan Angola, puede que los mangles hayan sido podados (hay otra cara indudablemente), pero, ¿qué pasó con la Unión? La sentencia de la acción popular era para eso, ¿y? Leo en la noticia 16-05-25: “Acción Popular para proteger los mangles en La Boquilla, a orillas de la Ciénaga de la Virgen, para reubicar a ocupantes y recuperar el área”.
Si en nuestras propias narices, las autoridades ven a diario la invasión y nadie hace nada, ahora que adjudiquen por sentencia un grueso monto, ¿se logrará algo? ¿Sí se cumplen las sentencias de esas acciones populares?