A pesar de los avances en indicadores sociales, la desigualdad y las restricciones a la movilidad social siguen siendo una constante en América Latina. El anhelo del “elevador social” se frustra ante barreras estructurales que limitan las mejoras en la calidad de vida para millones de ciudadanos.
Pedro Sánchez, el presidente de las siete vidas políticas
ANTONIO SEGOVIASegún el informe RED 2022 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el porcentaje de personas con educación primaria completa pasó del 19% al 95% en el siglo XX. Sin embargo, solo el 50% de los nacidos en la década de 1980 terminó la secundaria, y apenas el 12% de los hijos de padres sin educación superior accede a la universidad. La brecha rural-urbana en secundaria sigue siendo de 20 puntos porcentuales. El nivel educativo de los padres condiciona el futuro de sus hijos, agravado por factores como el embarazo adolescente, que reduce la movilidad educativa entre un 25% y 30%; y la pérdida de empleo de un padre, que disminuye los ingresos de los hijos en un 9% en la adultez. En este contexto, las oportunidades son limitadas y los desafíos, enormes.
En las condiciones en las que se encuentra, el mercado laboral está más cerca de perpetuar la desigualdad que de ser una vía de ascenso. En Bogotá, por ejemplo, la diferencia salarial entre trabajadores con madres de alta y baja educación supera el 200%, y en Lima y Montevideo, el 100%. Más del 50% de los adultos en seis países de la región viven en el mismo lugar donde nacieron, y los salarios en áreas rurales son un 40% menores que en las urbanas. La movilidad geográfica, una posible salida de la pobreza, es limitada: el 68% de las personas en grandes ciudades sigue viviendo en su lugar de origen, y más del 37% de los trabajadores afirman que su entorno afecta negativamente su acceso al empleo.
La desigualdad de riqueza es aún más extrema: el 10% más rico posee el 52% del ingreso total y controla el 76% de la riqueza. En 2021, la probabilidad de ser propietario de vivienda era 12 puntos porcentuales mayor si los padres también lo eran. La acumulación de activos sigue dependiendo de herencias, conexiones y acceso al crédito, favoreciendo a quienes ya tienen recursos. Además, los desastres naturales agravan la precariedad: más de 4,3 millones de personas quedaron sin hogar entre 1992 y 2021.
No basta el esfuerzo personal si las condiciones estructurales no cambian. No es justo que el lugar de nacimiento determine las oportunidades y perpetúe la pobreza. Se requieren políticas públicas que garanticen educación de calidad, acceso al crédito, protección social sólida y una reforma tributaria progresiva que combata la concentración extrema de riqueza.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.