Quienes tienen un mínimo conocimiento sobre la administración pública en Colombia saben bien que esta no sería viable sin las llamadas Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), una figura legal de contratación que permite a las entidades de gobierno, en todos sus niveles, contar con el personal que requiere para funcionar, por el limitado número de empleados que conforman sus plantas.
Aunque su designación depende de múltiples factores como necesidades de servicio, administrativas, políticas y presupuestales, en una ciudad como Cartagena de Indias, las OPS llegan a cuadruplicar la nómina oficial del Distrito. Por ejemplo, a cierre de 2024 fueron emitidas 4.611 órdenes, y la planta de personal estaba integrada por 1.221 empleados, sin incluir los entes descentralizados. Fenómeno que se replica a mayor escala en otras capitales.
Si bien la dinámica propia del poder público genera opciones políticas para el manejo de las contrataciones, estas permiten la vinculación y permanencia de servidores en roles que van desde oficios varios, técnicos, profesionales en múltiples disciplinas y asesores, muchos de los cuales, en virtud de sus capacidades y conocimientos, superan los 25 años de servicios.
No obstante, la figura de las OPS sigue siendo objeto de controversias, incomprensiones, suspicacias y estigmatizaciones, que suelen incrementarse en medio de disputas políticas. Pero más allá de señalamientos y descalificaciones, algunos protagonistas del escenario político incurren de manera deliberada en concederle alcances de poder a quienes tienen este tipo de contratos, y en no pocos casos los asocian con alfiles de la corrupción, lo que resulta injusto y rayano en lo absurdo.
¿Podrán tener acaso los contratistas del Distrito, independientemente de su nivel de ingresos, la capacidad de incidir en la toma de decisiones de su dependencia o de la administración? ¿Será mayor su “poder” que el de un empleado de planta, o el que tiene un particular?
Estas preguntas surgen a manera de reflexión, luego de temerarias acusaciones de “corrupción” que circularon recientemente en medios de comunicación y plataformas virtuales por el caso de una contratista que participó en una convocatoria pública de estímulos de una entidad diferente a la que se encuentra vinculada, sin tener en cuenta que existía una tácita prohibición para ello, lo que algunos denunciantes calificaron de manera altisonante como la configuración de un “yo con yo”.
¿Yo con… quién? ¿En serio se pretende acusar al gobierno de “auto beneficiarse” con un modesto auxilio por su errada asignación inicial a uno de los miles de contratistas, que por cualquier razón omitió mencionar su condición? Aunque el episodio mereció correctivos inmediatos y deja lecciones aprendidas tanto para la entidad convocante como para la participante, hacer ese tipo de eufemismos evidencia la prevalencia más de ánimos pendencieros que de rigor para ejercer control político y social en Cartagena.