Una muy importante discusión para Cartagena ha puesto sobre el tapete el periódico El Universal en esta semana: la tala de manglares en la zona de influencia del viaducto a Barranquilla, que, irónicamente, se llama “El gran manglar”. En la última década hemos sido testigos de la destrucción del ecosistema con invasiones que ocupan ese espacio con viviendas y actividades comerciales. Esta situación es un reflejo de la falta de instituciones locales para proveer el adecuado suelo urbano y el control de las urbanizaciones irregulares.
Una de las responsabilidades de los administradores locales es la provisión del suelo urbano necesario para satisfacer la demanda que el crecimiento poblacional requiere. Esa ha sido una de las grandes fallas del urbanismo en Colombia y América Latina, ya que la mayor urbanización, con pocas excepciones, ha conducido al desarrollo de una construcción informal que se ubica en zonas de riesgos sin la adecuada provisión de servicios públicos y con un deterioro ambiental.
Cartagena lleva más de dos décadas sin actualizar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual debería orientar las acciones encaminadas a la adecuada oferta de suelo urbano para atender la mayor demanda. Mientras más se endurecen las regulaciones para que un constructor formal adelante proyectos urbanos, más avanzan las urbanizaciones piratas que toman ventaja de las necesidades de vivienda de los más vulnerables.
Además, hay una baja capacidad local para el control urbano. Existen varias instituciones responsables del seguimiento a esta situación, las cuales terminan trasladándose la responsabilidad de una a otra: que la administración distrital, que el alcalde local, que la autoridad ambiental, que la curaduría, que la Fiscalía, que la unidad de riesgo, etc. Todos terminan salvando su responsabilidad y echándole la culpa a otro y al final nadie actúa.
Este es el problema central del sector público colombiano. Se ha ido construyendo un gran número de establecimientos y se diluye la responsabilidad porque varios de ellos tienen competencias similares. Lo paradójico es la ausencia del Estado, a pesar del crecimiento de una burocracia nacional y local. Tenemos un mayor aparato público sin mucha efectividad en sus acciones.
También es cierto que la urbanización irregular puede responder a grupos de poder que toman control de las instituciones para generar unas rentas importantes. Poco importan las condiciones precarias en las que viven los habitantes de barrios irregulares o los daños ambientales que causan. Al final, es un negocio que beneficia a unos pocos.
Ojalá que el llamado de El Universal permita que desde el gobierno distrital se tomen las medidas requeridas para evitar que esta situación siga avanzando. Tal vez lo más importante es lograr una coordinación institucional de las distintas dependencias involucradas.