Desde el nacimiento de nuestra Constitución Política, el 4 de julio de 1991, Colombia iniciaba la prometedora andadura de un nuevo Estado de Derecho más equitativo, justo y garantista; un Estado de paz y concordia, de diálogo y justicia temprana, un Estado social que debía colocar en el centro de la ecuación a las libertades humanas, la vida y la ley por encima de toda otra consideración filosófica o jurídica.
La Corte Constitucional de Colombia, que este año cumplirá 34 años de existencia institucional, es el máximo Tribunal de cierre entre las Altas Cortes del sistema judicial de nuestro país, cuya principal misión es velar por la guarda, el respeto y el cumplimiento, para todos los asociados, de los postulados y principios de la Carta Magna: la Constitución Nacional.
Hasta la fecha, la magistratura de la Corte ha sido ejemplo de sabiduría, rigor académico, exégesis en la aplicación de las normas en tanto se ajusten a los principios y líneas jurisprudenciales de la Carta, lo que ha sostenido, con mucha brillantez, la filosofía liberal y garantista del sistema judicial de nuestro país; la correcta administración de justicia y los desarrollos doctrinarios, en un sólido Estado de Derecho que evoluciona y se adapta a los tiempos, respetando las libertades y los derechos humanos.
Al estar exenta, no sin esfuerzos, de injerencias ideológico - políticas, la Corte Constitucional ha cumplido a cabalidad con su misión y ha contribuido en la defensa de la democracia y las instituciones que la adornan.
Lo anterior ya parece ser cosa del pasado, desde que la Fiscalía General de la Nación ha sido informada por segunda vez, a instancias de la revista SEMANA y de la ex consejera presidencial Sandra Ortiz, quien está imputada penalmente y colabora con la justicia para develar el entramado corrupto y mafioso que subyace frente a la elección del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, un ex funcionario público amigo de confianza de Gustavo Petro, quien habría llegado a tan alta posición por presuntas coimas millonarias que se originaron en las megaoperaciones delictivas y corruptas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y que “aceitaron” su designación, en octubre 17 de 2023.
Por supuesto, desde mediados del pasado mes de abril, de manera pública y mediática, cumpliendo cabalmente su papel y rol político desde el alto Tribunal Constitucional, el magistrado en comento conceptuó que debería suspenderse la investigación de la financiación de la campaña Petro por vulnerar el debido proceso.
En efecto, el pasado jueves 24 de abril, mediante auto 554 de 2025, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, quien no se declaró impedido para actuar, la Corte Constitucional decretó la suspensión provisional a la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, tanto en primera como en segunda vueltas, dónde se excedieron los topes de financiación en una suma mayor a los 5.300 millones de pesos. Esta medida provisional se adopta mientras se estudia de fondo y se falla una tutela interpuesta por el presidente contra el CNE, argumentando vulneración de su derecho al debido proceso. Esto es, se sigue alargando, dilatando y distrayendo una decisión de apariencia clara y objetiva, que establecería y declararía la indignidad del cargo que ostenta Petro y su consecuente separación del mismo, como literalmente reza en la ley, sin otra interpretación.
Para redondear la faena, el magistrado Vladimir Fernández rechazó una demanda interpuesta por un ciudadano contra la convocatoria a consulta popular anunciada por el presidente, bajo el argumento de que dicha demanda no es de carácter constitucional; y por ello, la Corte no tiene competencia para conocerla. Independiente a los argumentos de fondo, el magistrado Fernández está muy atento y activo para allanar el camino en lo legal y jurisprudencial al Gobierno nacional y al presidente Petro, su cuestionado nominador y superior jerárquico reciente, además de camarada político, respectivamente.
Habrá que esperar el fallo definitivo de la Sala Plena, sin perjuicio del “silencio prudente” de los magistrados de la Corte Constitucional, que solo se han pronunciado para decir que “dejan en manos de las autoridades competentes las resultas de las investigaciones...”, en una actitud tibia y políticamente correcta, muy diferente a aquellas posturas radicales y perentorias cuando se trató del caso del ex magistrado Jorge Pretelt Chaljub, quien fue prácticamente expulsado de la alta corporación en su momento.
En esa misma línea tenemos también la ausencia de trámite por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien conocía esta situación de antemano y nunca actuó, por lo que su directora, Luz Adriana Camargo, ha sido formalmente denunciada. A raíz de ello, la confesa detenida Sandra Ortiz, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia recibir su testimonio y evidencias, por fracasar la posibilidad de un principio de oportunidad ante la Fiscalía.
En el pasado mes de noviembre de 2024 se eligió como magistrado de la Corte Constitucional al doctor Miguel Polo, confeso petrista también, que integra el segundo cupo, de nueve magistrados que conforman la Corte, de filiación ideológica de izquierda radical, aupados por el petrismo en el poder ejecutivo y el pacto histórico con sus aliados, en el legislativo.
Entre el presente mes de mayo y septiembre próximo han de cubrirse tres (3) vacantes en la Corte Constitucional por vencimiento de períodos de sus magistrados. La primera vacante a cubrir la propone o terna el presidente Petro, con los siguientes nombres: Héctor Carvajal Londoño, Karena Caselles Hernández y Dídima Rico Chavarro. El primero de ellos ha sido el defensor del presidente ante el CNE y su amigo personal; y otra de las ternadas viene de la JEP..., un “Tribunal” con muchas fracturas ideológicas.
Los otros dos reemplazos saldrán de ternas que ha de presentar la Corte Suprema de Justicia, pero siempre elegirá el Senado; por tanto, no es garantía de imparcialidad u objetividad, si miramos los escándalos, la injerencia política, el constreñimiento ilegal, las coimas, las componendas y prácticas corruptas que han sido la constante en este Congreso, desde el 20 de julio de 2022.
Finalmente, el pasado miércoles la Corte Constitucional declaró exequible parcialmente el decreto de Conmoción Interior del Catatumbo, que puede ser muy riesgoso al ser manejado políticamente por el presidente Petro, quien al generalizar a nivel nacional una situación caótica de orden público, le permitirá quedarse por meses o años en la presidencia de la República.
La Corte Constitucional, y en su nombre y representación, el Estado de Derecho democrático de la República de Colombia, está sitiada, como lo estuvo por 105 días la heroica Cartagena de Indias por las tropas de Pablo Morillo en 1815, por un poder aún más letal y oscuro: La dictadura constitucional del castrochavismo y el petrosantismo.
El pueblo colombiano, como los cartageneros en 1815, no lo permitirá; y luego de resistir, confirmará su independencia.
*Presidente de la Fundación Sitio de Cartagena.