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Columna

El puerto de Cartagena: ¿Una economía de enclave?

El desarrollo de la concesión tiene toda la característica de una economía de enclave.

Ivonne Díaz

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Los puertos son una ventana hacia el mundo cosmopolita. Permiten intercambios comerciales, conectan culturas y constituyen redes transfronterizas que se instalan dentro un nodo global. Desde su fundación y por las condiciones extraordinarias de su bahía, Cartagena se erigió como un gran litoral con conexiones económicas que la convirtieron en una importante ciudad puerto de la Cuenca del Caribe durante la Colonia. Hoy, a nivel global, el puerto de Cartagena ocupa el tercer puesto en desempeño, movilizando una carga de más de 10.000 toneladas en productos. En contraste, Cartagena mantiene altas tasas de pobreza, el DANE estipula que, a corte 2023, tiene un 41,1% de personas en la línea de pobreza y un 13,1% en la línea de indigencia. A pesar de contar con un puerto líder a nivel regional, una industria consolidada y una fuerte actividad turística y comercial, la ciudad no ha logrado tener un crecimiento que irrigue a la mayoría de la población.

El informe de ANIF para el Grupo Puerto de Cartagena explica que, en 1993 durante el proyecto de apertura económica del presidente Cesar Gaviria, se realizó una reforma portuaria, creando un sistema de concesiones público-privadas, consistente en que puertos públicos sean administrados y operados por el sector privado a cambio de una contraprestación económica, pues la propiedad sigue siendo del Estado. Puertos públicos como el de Cartagena y Buenaventura, por problemas económicos y administrativos, pasaron a empresarios privados. A lo largo de los 30 años que lleva concesionado, el puerto de Cartagena se posicionó como el terminal de contenedores más relevante del Caribe y Latinoamérica, superando a los puertos de México, Panamá y Brasil, y recibe un importante arribo de cruceros.

Sin embargo, al revisar la información relacionada con los impactos que este innegable crecimiento ha tenido para la ciudad, las cuentas son ambiguas. Aunque el Grupo Puerto de Cartagena muestra algunos datos relacionados con los beneficiarios de sus programas sociales, es difícil identificar cuál es el impacto real que estas utilidades tienen sobre la ciudad. Si bien la sociedad portuaria ha invertido una cantidad enorme de dinero, no es menos cierto que también produce millonarios ingresos a sus propietarios. Por ello, más allá del empleo y de los recursos fiscales generados ¿cuál es el impacto social producido por sus intervenciones?

El desarrollo de la concesión tiene toda la característica de una economía de enclave. Mientras el puerto se limita a la operación portuaria y obtiene importantes ganancias, que en vez de distribuir equitativamente en el territorio donde se instala el negocio, son repartidas en el resto del país, mientras que la ciudad se queda con la contaminación producida por la ampliación de canales y dragados. El sistema de concesiones diseñado por el gobierno Gaviria produjo un espiral ruinoso para la ciudad, ya que debilitó los alcances del Estado que protegen los derechos del territorio y favoreció los intereses de las empresas.

Sin duda, el Estado debe promover las alianzas con el sector privado. En el contexto actual de alta competitividad es necesario hacerlo. Pero, debe hacerse desde una justicia distributiva en la que además del sector privado, el territorio y la ciudadanía se vean igualmente beneficiados con las enormes utilidades comerciales. El gobierno y la sociedad de una ciudad como Cartagena, que enfrenta numerosas necesidades, deberían mirar hacia el puerto y reclamar mayor inversión para la ciudad.

*Investigadora de Dejusticia

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