En menos de 12 días, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) modificó dos veces los resultados de una bolsa de estímulos, por $200’000.000, para el Fortalecimiento del Sector Fílmico y Audiovisual. Esas actuaciones erráticas han sembrado serias dudas sobre la praxis y la transparencia en esa entidad.
Todo comenzó el 15 de abril, cuando el Consejo de Cine de Cartagena publicó un comunicado señalando varias inconsistencias en la Resolución 70 de 2025, que anunciaba a los ganadores.
Ese mismo día, el ciudadano Diego Paternina Blanco envió una carta al IPCC detallando otros errores. Uno de ellos apuntaba a cuatro proyectos seleccionados para recibir doble estímulo en las categorías de postproducción y creación de cortometrajes, pese a que los requisitos eran excluyentes: la primera modalidad exigía proyectos en fase avanzada de realización, mientras que la segunda estaba dirigida a iniciativas que no habían iniciado rodaje. Otra irregularidad fue la desaparición de la resolución de ganadores del sitio web del IPCC, sin explicación alguna.
Después, con la expedición de una nueva resolución, la número 71, el IPCC admitió haber publicado por error el listado de ganadores de la categoría de postproducción y se había visto obligado a subsanar.
A esos hechos se sumó otra irregularidad, que ha sido la más mediática en Cartagena tras ser divulgada por el concejal Javier Julio Bejarano.
El IPCC seleccionó como ganadora a una contratista distrital, pese a estar inhabilitada. Por la denuncia de Bejerano, el IPCC tuvo que revocarle los $15’000.000, porque reconoció que se trataba de un “acto de manifiesta ilegalidad” al ir en contravía del numeral siete de las bases y términos de referencia de la convocatoria.
Allí quedó estipulado que no podían participar “los servidores públicos o empleados oficiales” de la Alcaldía o de sus entidades descentralizadas. Tampoco los contratistas, como era el caso de Jessica De la Barrera Cabeza, quien trabaja en la Gerencia de Espacio Público y Movilidad. Por la selección de la contratista, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, lleva varios días en la mira.
El fin de semana, el alcalde Dumek Turbay salió en su defensa, alegando que ella era víctima de una campaña de “violencia de género” y tildando las críticas de “misoginia”. Sin embargo, nunca quedó claro por qué el Distrito apeló a la carta del género.
Los cuestionamientos contra Espinosa surgieron por su gestión pública, no por su condición de mujer ni por sentimientos de odio, desprecio o aversión hacia ella.
Utilizar el argumento de género en este contexto no sólo banaliza las verdaderas luchas contra la violencia de género en Cartagena y el país, sino que también evidencia, una vez más, la incomodidad del gobierno de Turbay frente a la crítica ciudadana y el control político.