La Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) del 2017, indica que 3 de cada 4 adolescentes consume una vez a la semana bebidas azucaradas, y 4 de cada 5 consume, semanalmente, productos de paquete. Por otra parte, el 63,6 % de los escolares consume gaseosas por lo menos una vez al día, y se muestra una mayor tendencia de este hábito en los colegios del sector oficial (66,2 %). Esta columna tiene como objetivo explicar la importancia de una política pública de ambientes escolares saludables, que permita cambiar esta realidad
La evidencia nos da una ruta para atender esta situación, señalando que el ambiente escolar es uno de los entornos más relevantes. Por lo que resulta un contexto ideal para influir, a través de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos, el consumo de una dieta adecuada que potencie el desarrollo físico y cognitivo de los niños y las niñas.
La construcción de una política pública que permita garantizar alimentación real en las instituciones educativas es urgente, pues de lo contrario se seguirán perpetuando patrones que afectan la salud de la niñez, especialmente porque los entornos escolares son en la actualidad espacios utilizados para perpetuar un modelo de alimentación basado en ultraprocesados (paquetes, jugos de caja, etc.), usando como herramienta la publicidad invasiva de estos productos en las escuelas.
La implementación de medidas nacionales que regulan la venta y publicidad de productos ultraprocesados en ambientes escolares, podría potenciar, por un lado, una mejor oferta de alimentos reales, de productos procesados o mínimamente procesados para los niños, niñas y adolescentes en todas las escuelas del país, independientemente del estrato económico. Paralelamente, promover costumbres alimentarias locales y que se ajusten a los patrones culturales de las regiones, potenciando economías locales de alimentos.
Cartagena ha sido pionera en el diseño de una política de alimentación escolar que regula la presencia de ultraprocesados en las instituciones educativas, con la primera Política Pública de Ambientes Escolares Alimentarios Saludables del país, aprobada en diciembre de 2022. La política propuesta en Cartagena tiene dos objetivos esenciales, el primero está relacionado con promover la disponibilidad de alimentos adecuados y de agua potable, además de restringir los productos ultraprocesados y su publicidad; el segundo busca fortalecer los mecanismos de articulación para que los distintos actores del distrito trabajen en la garantía del derecho a la alimentación adecuada.
Esta iniciativa, aunque relevante, requiere una regulación normativa a nivel nacional, con un enfoque integral, que logre armonizar a todos los actores involucrados, para el sostenimiento y funcionamiento de la política. Si no seguiremos viendo esfuerzos atomizados, que aunque necesarios, pierden fuerza en la implementación.
*Coordinadora de la línea de Justicia Económica de Dejusticia