Una lluvia de críticas ha generado la Empresa Logística de Obras Públicas de Cartagena (ELOP), propuesta por el alcalde Dumek Turbay y estudiada por el Concejo. ¿La razón? Recuerda a los ‘contrataderos’, entidades que existen en todo el país y son llamadas así por servirles a los gobiernos para saltarse la Ley 80 de contratación y ejecutar los fondos públicos en condiciones más flexibles gracias al régimen especial.
Los cuatro consorcios que pujan por Ternera
TATIANA VELÁSQUEZTurbay presentó la ELOP como una “sociedad pública”, con posibilidad de convertise en mixta, para rehabilitar y mantener el Corredor de Carga, atender el sistema de drenajes pluviales, embellecer espacios públicos e implementar soluciones de movilidad sostenible, proyectos que, según el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, se demorarían más en manos del Distrito por el tiempo que toma estructurar y convocar las licitaciones públicas.
Justo por ese evidente atajo de contratación, la iniciativa no ha sido bien recibida, especialmente con Edurbe en el espejo: una empresa industrial y comercial del Estado, que se rige por su propio manual de contratación y selecciona casi siempre a dedo a sus proveedores, para ejecutar los convenios interadministrativos que firma con la Gobernación de Bolívar o la Alcaldía de Cartagena. Además, cobra una cuota de gerencia, que Cartagena y Bolívar se ahorrarían si convocaran y adjudicaran directamente los proyectos o que podrían invertir en el fortalecimiento de sus secretarías de Infraestructura. Por eso, empresas como la ELOP tienen cada vez más detractores a lo largo y ancho del país, pues siguen sus propias reglas, amparadas por el régimen especial de contratación pública.
De allí que el año pasado la Procuraduría les pidiera cuentas a 19 de ellas, para establecer si tenían la “experiencia e idoneidad” a la hora de ejecutar los convenios que firmaron con distintas entidades estatales por $3,3 billones.
El Ministerio Público también quería indagar si, al ejecutar esos recursos, “adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio de procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas”.
Si la ELOP recibe luz verde del Concejo, no hay que descartar que termine pareciéndose a un ‘contratadero’ vecino: Edubar de Barranquilla, empresa mixta que se convirtió en la piedra angular del modelo de gobierno charista. En su segunda administración (2016 - 2019), por ejemplo, Alejandro Char le entregó $419.000 millones, a través de 39 convenios interadministrativos, contó La Silla Vacía. Mientras que, como gobernadora, Elsa Noguera le encargó la ejecución de más de medio billón de pesos en obras para todo el Atlántico. De lo que no hay duda alguna es que con tanta intermediación, seguirle la pista a la plata pública es cada vez más una tarea laberíntica y los recovecos, como todos sabemos, privilegian la opacidad.
*Esta columna se escribió a cuatro manos con el periodista Antonio Canchila. Él y yo fundamos La Contratopedia Caribe.