Como ciudadano y constituyente del 91 coincido con la propuesta del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de iniciar un gran diálogo nacional. Este diálogo busca acuerdos que disminuyan la polarización política en el país y permitan identificar consensos sobre temas críticos a través de un acercamiento directo y objetivo con las diversas fuerzas políticas, empresariales, sindicales, campesinas y sociales.
El Ministro Cristo ha planteado que la búsqueda de consenso puede llevar a un gran acuerdo, del cual se derivaría la necesidad o no de reformas legales y/o constitucionales, considerando la posibilidad de una Constituyente solo sí hay consenso en torno a ella. Este proceso estaría sujeto a las reglas de la Constitución Política de 1991 (CP), abriendo la posibilidad de realizar cambios mediante actos legislativos, referendos o - de ser viable por consenso- una Asamblea Constituyente, y se excluiría expresamente la reelección presidencial.
Entiendo las reacciones a estos planteamientos, ya que el debate sobre el “poder constituyente” y la “Constituyente” ha sido alimentado por discursos y entrevistas del Presidente Petro que han generado confusión, al no dejar claramente establecido que todo debe darse exclusivamente dentro del marco constitucional y legal existente. Su estilo polémico y polarizante ha añadido leña al fuego, especialmente al aludir a la teoría de Álvaro Leyva sobre un proceso constituyente expedito desde el Ejecutivo, basado en la denuncia del Acuerdo de Paz ante la ONU, otorgándole a este acto político un carácter supraconstitucional. Sin embargo, la propia Corte Constitucional ya ha ratificado el carácter político del acuerdo. Leyva sabe bien que para darle fuerza normativa al acuerdo de paz se recurrió a actos legislativos bajo la figura del fast-track, un procedimiento sin precedente en el constitucionalismo colombiano, avalado por la Corte Constitucional para “agilizar y garantizar” la implementación oportuna del ccuerdo final, una interpretación que, aunque acertada, despertó polémicas.
No vale la pena seguir discutiendo esas confusiones y contradicciones. Hoy por hoy, el Ministro Cristo reitera su rechazo a cualquier forma de cambio por fuera de las vías institucionales, así como a la reelección presidencial, asegurando que sus palabras y acciones cuentan con la total aprobación del presidente Petro. Le creo debido a su trayectoria de lucha por la paz y las víctimas del conflicto, así como su adhesión a la institucionalidad democrática. Además, veo a un Petro que ha evaluado las dos fases de su gobierno: a) la fase inicial de acuerdos con otras fuerzas políticas, y b) la fase dos, de intentar avanzar con un gabinete propio, apoyándose en su fuerza parlamentaria y alianzas individuales en el Congreso, sin lograr un respaldo popular suficiente para obtener cambios, lo que le genera desaliento y deseos de buscar realmente un gran acuerdo.
Lo anterior hay que analizarlo en el contexto de las circunstancias actuales de Petro, que son muy diferentes a las que enfrentaba Chávez en Venezuela cuando su famosa Constituyente en 1999: las encuestas le son desfavorables; su capacidad de movilizar multitudes es similar a la de la oposición; no contaría con el respaldo de la fuerza pública para una aventura contra la institucionalidad, a pesar de los cambios en su cúpula; no controla el poder legislativo y enfrenta resistencia en él, aunque podría alcanzar mayorías precarias mediante negociaciones individuales con congresistas; el poder judicial no respalda muchas de sus posiciones; la mayoría de los medios de comunicación están alejados del presidente y algunos son acaloradamente anti-Petro; los mandatarios departamentales y municipales en su mayoría tienen posturas contrarias al gobierno nacional; los empresarios tienen serias diferencias con su programa y estilo; no ha logrado apoyo de los microempresarios ni ha tenido logros significativos en la economía popular o en mejorar las condiciones de los informales; su gobierno ha mostrado deficiencias en implementar cambios visibles para los estratos socioeconómicamente desfavorecidos; no ha avanzado en lograr la paz total; la corrupción endémica se fortalece en su gobierno, y por último, no cuenta con boyantes recursos económicos, dado que la economía e inversión están estancadas.
En resumen, Petro sabe que cuenta con un 33% de la población, la cual en su mayoría es reflejo de una ciudadanía frustrada y cansada del hambre, pobreza, desigualdad, corrupción y violencia, que busca conscientemente cambios. Sin embargo, este apoyo parcial no le permite a Petro tener gobernabilidad ni presionar transformaciones. Por lo tanto, en el marco de la racionalidad política debe buscar consensos, acuerdos y alianzas, con la perspectiva clara de poder alcanzar solo parcialmente sus objetivos programáticos. En consecuencia, pienso que la postura del Ministro Cristo debe ser acogida por las fuerzas de centro y progresistas para avanzar en la justicia social y la superación del hambre y la pobreza en el marco de una institucionalidad democrática que también necesita cambios. Ante esta postura, esperamos que el Presidente Petro no malogre acuerdos y consensos con su verbo y su “pluma” en X, activa y agresiva, que en sí misma es polarizante. Si el presidente no abre espacios a la crítica objetiva para buscar consensos, la iniciativa del Ministro Cristo será espuria.
Más que nunca es necesaria la búsqueda de consensos nacionales en temas como la implementación del acuerdo de paz y la paz total o como se le denomine, la reforma agraria, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la reactivación de la economía, la sostenibilidad ambiental y la garantía de condiciones socioeconómicas básicas que aseguren libertades y oportunidades para una vida digna, priorizando nutrición, vivienda, salud, educación e inserción laboral. Lograr esos acuerdos y materializar logros significativos no requiere, en gran parte, cambios legislativos. Debemos evitar caer en el fetichismo normativo, lo que no impide alcanzar consensos para modificar el marco legal en salud, educación y trabajo.
Si se trata de reformar la Constitución, aclaremos que esta es un pacto político y social que debe tener estabilidad y permanencia, pero que no es inmutable. La Constitución de 1991 ha demostrado en 33 años tener una estructura dogmática y orgánica a prueba de crisis y garante de derechos y democracia.
Personalmente, veo la necesidad de realizar cambios constitucionales por el Congreso mediante actos legislativos surgidos de consenso, en temas específicos como el ordenamiento territorial, la reforma a la justicia y la reforma política, sin acudir a una Constituyente. Pero ni yo ni nadie puede censurar un proceso constituyente que se dé dentro del marco regulatorio de la CP del 91 a partir de un acuerdo legítimo y mayoritario. Tenemos el derecho de oponernos democráticamente, pero debemos aceptar los procesos que se den dentro del marco institucional vigente.