Las noticias escandalosas del hijo del presidente Petro y la dolorosa y penosa situación de orden público en el Caguán, acompañadas de las desafortunadas declaraciones del ministro del Interior, que con eufemismos extravagantes, ha renombrado el delito de secuestro, han opacado el golpe más serio en la gobernanza que ha recibido, gobierno alguno, en la historia de la Nación.
Las señales que ha dado el presidente Petro, de extremar, aún más, el poder presidencial en el país, ha crispado a las Altas Cortes, las cuales, cada una por su lado, Corte Constitucional , Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, han enseñado los dientes al Ejecutivo nacional.
La decisión de la Corte Constitucional de instaurar, por vía jurisprudencial, la suspensión cautelar de las leyes, cuando se intuya su manifiesta oposición a la Constitución y, adicionalmente, su declaratoria de inexequibilidad, pueda resultar nugatoria frente a los actos de su ejecución, además de ser un acto bastante extraño de activismo judicial, es un claro mensaje al Gobierno nacional de que no comparte la clase de gobierno de opinión que quiere instaurar; además, que es extremadamente celosa en la división de los poderes públicos, y que el monopolio de la guarda de la Constitución es su competencia, exclusiva y excluyente.
Otro tanto, ha hecho el Consejo de Estado al suspender el Decreto por el cual el presidente de la República tomaba las facultades reguladoras de las Comisiones de Energías; y la Corte Suprema de Justicia al sentar su protesta enérgica con relación a la propuesta del Gobierno de crear una Sala Especial Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, Sala penal.
Estos vientos de tensión entre los poderes públicos no tienen ese carácter funcional que se aprecia en cualquier democracia del mundo, sino que, por el contrario, lo que reflejan es una desconfianza hacia el cambio o el revolcón institucional que pretende el gobierno Petro.
Por eso hemos dicho que es un duro golpe al Gobierno Petro, porque el triunfo o fracaso de esta Administración está centrado en que se implementen reformas estatales audaces, que en muchos casos, como la Paz Total, riñen en muchos aspectos con el diseño institucional consagrado en la Carta del 91 o comprometen, seriamente, la separación de poderes.
Las advertencias solapadas de las Altas Cortes al Gobierno se pueden traducir como una voz unánime del Poder Judicial al Ejecutivo sobre que Colombia es una democracia liberal con unas instituciones fuertes e intangibles, que tienen una historia seria en la vida republicana. Por algo nos denominan como la democracia más sólida de América Latina.
Ahora bien, sin duda alguna, el activismo judicial entronizado por la Corte Constitucional al abrogarse competencias no expresas por la Constitución Política, como la suspensión de las leyes, también tiene sus riesgos para la democracia.
La figura de la suspensión de las leyes es muy común en el constitucionalismo español, de donde hemos copiado gran parte de la Constitución del 91, pero también debemos tener en cuenta que el constituyente, no introdujo esta figura en nuestro ordenamiento.
La suspensión de las leyes para evitar fallos constitucionales con efectos retroactivos, como se dio en el caso de la Ley de Garantías del gobierno Duque, que lo que ha traído son traumatismos en la ejecución de los proyectos, resultantes de los convenios interadministrativos suscritos en vigencia de dicha ley, resultan bienvenidos, pero esta medida también puede resultar en una petrificación del poder judicial, que bajo el pretexto de la intangibilidad del diseño institucional promulgado con la Constitución del 91, impida cualquier reforma al sistema judicial en Colombia.
De igual forma, al igual que en España, esta decisión puede abrir una inmensa puerta para que a través de tutelas se instauren controles al proceso de formación de las leyes en el Congreso, sobre todo aquellas que puedan parar o entorpecer la labor legislativa.