Uno de los mayores activos del país es la existencia de una tecnocracia bien formada encargada de orientar la política pública nacional. Estos tecnócratas son profesionales que pertenecen a centros de pensamiento y universidades y, a su vez, ocupan posiciones en el sector público. Ellos han jugado un papel preponderante en la política pública y tienen grandes resultados para mostrar como la estabilidad de las variables macroeconómicas y las mejoras en los indicadores de bienestar social. Tal vez el gran reto que enfrenta la tecnocracia es generar la política pública adecuada para atender las actuales demandas ciudadanas.
Desde hace un par de años, se ha generado un malestar social que ha llevado a muchas personas a salir a protestar para exigir cambios en la política pública. Estos movimientos no son exclusivos del país y hacen parte de una tendencia global, que fácilmente se propaga a través de las redes sociales. Muchas veces, ante las demandas de estas protestas, los tecnócratas sugieren recomendaciones tradicionales de los libros de texto, las cuales pueden no tener en cuenta el contexto actual.
No se trata de derrumbar todo e introducir un nuevo modelo, pero sí de entender las necesidades que van surgiendo con el progreso social. Probablemente treinta años atrás el problema era el acceso a servicios fundamentales como educación y salud. Hoy se ha alcanzado una alta cobertura y las exigencias se enfocan en una mejor calidad en la prestación de estos servicios.
De igual manera, se ha avanzado en la formación del recurso humano, pero la economía no logra generar los empleos requeridos para absorber la mayor oferta de mano de obra. Aquí se puede argumentar, desde los fundamentos del mercado, que el desempleo resulta por el exceso de mano de obra. Como en cualquier mercado, para equilibrar la oferta y la demanda ante un exceso de la primera se requiere bajar el precio. Una parte de la tecnocracia suele hacer esa recomendación teniendo en cuenta su formación teórica.
Ahora, pensando en la política pública en el contexto actual, esta no sería una propuesta entendible para algunos jóvenes colombianos desempleados que se les ofrece un empleo con un salario menor al mínimo y sin cubrirle su pensión. En la vida real, más de la mitad de los empleados en el país trabajan en condiciones de informalidad con una remuneración inferior al mínimo, sin embargo, también están vigentes las demandas por una mayor equidad y hay que incorporar las consecuencias que puede tener una recomendación técnica en este frente. Al final, se espera que las políticas públicas mejoren el bienestar general de la sociedad.