La situación de derechos humanos (DDHH) en Colombia suscita gran preocupación y a juzgar por lo ocurrido en este año, se agudizó la persecución y la violencia contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
El 10 diciembre, día internacional de DDHH, es para reivindicar la memoria y proclamar que las víctimas de la violencia antisindical y contra líderes sociales merecen hoy y todos los días, la solidaridad y el reconocimiento de la sociedad colombiana.
Según el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre enero y noviembre de 2018, fueron asesinados 226 líderes defensores DDHH en distintas regiones del país, principalmente en aquellas priorizadas por el posconflicto.
De acuerdo con el Sinderh, de la ENS, desde enero de 1973 hasta noviembre de 2018 se contabilizan al menos 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas.
En cuanto a la violencia contra mujeres sindicalistas, en lo que va del 2018 se han registrado 31 hechos, en la mayoría de los casos (80%) por ejercer roles de dirección y activismo sindical, especialmente en la docencia.
La pregunta obvia es: ¿quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Por qué no hay voluntad ni eficacia de la Fiscalía, Policía Nacional, fuerza pública, para encontrar a los responsables y llevarlos ante la Justicia?
Reclamamos al fiscal general y a la Rama Judicial acciones eficaces de investigación y aplicación de justicia para superar los altos índices de impunidad, que supera el 99% de los casos.
La CUT, CTC y CGT, víctimas de la violencia antisindical, exigen poder concurrir ante el sistema de Verdad, justicia, reparación y no repetición, de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
De manera prioritaria, y como medida reparadora, se requiere que el Estado y el empresariado modifiquen sus políticas y contribuyan a modificar la conducta y cultura antisindical que cínicamente imponen sin dios ni ley.
Se requiere brindarles asistencia técnica a las organizaciones sindicales a fin de que tengan mejores capacidades metodológicas y técnicas para participar del proceso de verdad e incidir ante la Comisión de Esclarecimiento Verdad, CEV y la JEP.
El 20 de octubre de 2018 cumplió 20 años el asesinato de Jorge Ortega García, sanjacintero, primer vicepresidente de la Cut; y el 5 de diciembre de 2018, se cumplieron 17 años del asesinato de Aury Sará Marrugo, presidente de la Uso Cartagena.
Desde esta columna exigimos al Estado colombiano se aplique justicia a los responsables intelectuales y materiales, y que sean declarados por las instancias competentes estos dos casos como crímenes de lesa humanidad.
*CUT BOLÍVAR