Desde septiembre de 2018, los estudiantes vienen movilizándose para exigir al gobierno de Duque una adición presupuestal de $3,2 billones, para financiar el déficit de las universidades públicas.
Para poner en la opinión pública nacional e internacional el debate sobre la inversión a la educación superior, que permita que en Colombia la existencia de la educación superior pública digna fuese un hecho y el acceso una realidad para todos.
La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), a finales de septiembre 2018, presentó un pliego con 10 peticiones para solucionar la crisis.La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), reúne alrededor de 300 representantes estudiantiles de 60 universidades, y también presentó pliego de peticiones al Gobierno y al Congreso.
La magnitud de las protestas estudiantiles y trabajadores de la educación, exhortó al Congreso y al Gobierno a que las cifras de la educación superior se pusieran sobre la mesa, y que fuera evidente la solución de la deuda histórica.
Por ello llamamos a toda la sociedad colombiana, incluidos los rectores y académicos que otrora se opusieron al proyecto de reforma neoliberal en 2011, a no creer en los cantos de sirena del actual Gobierno y un Congreso sin conciencia.
Su demagogia deja intactos los problemas estructurales y en su lugar hay que conocer y fortalecer la propuesta alternativa que desde las universidades, colegios, hogares y calles se construyó para sacar del atraso a la educación superior.
La ley 30 de 1992, determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento de estudiantes en la década, al pasar de 159.000 a más de 611.000.
El derecho a la educación superior y de calidad no da espera en la era del conocimiento y de la cuarta revolución industrial, las autoridades deben adoptar un plan de salvamento de las universidades públicas sin discusión ni falsas promesas.
Es un compromiso ético y político de la sociedad civil construir desde la práctica, valor público en defensa de los bienes públicos, como es el caso de la educación en su consideración constitucional de derecho fundamental.
La realidad social, económica y política de Colombia, urge de prácticas sociales transformadoras que solo una educación integral pública de calidad pueda generar y que solo será posible con la movilización consciente de la sociedad civil.
Hay que conformar la coordinadora permanente de estudiantes, docentes, trabajadores, y pensionados de la educación en Cartagena y Bolívar, para defender la educación pública.
“El derecho a la educación superior y de calidad no da espera en la era del conocimiento y de la cuarta revolución industrial, las autoridades deben adoptar un plan de salvamento (...)”