La crisis en el seno de altos tribunales tocó fondo, y sin perjuicio de la necesaria aplicación de los mecanismos hoy vigentes para la pronta y completa investigación de los hechos y la imposición de las condignas sanciones a quienes han delinquido, el Estado y la sociedad están en la obligación de programar y sacar adelante una reforma integral del sistema, para rescatar la respetabilidad de los jueces, fiscales y tribunales, y para devolver a los ciudadanos la confianza en la Justicia.
No es improvisar. La materia es muy delicada, y estamos ante un elemento esencial para el mantenimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Si buena parte de la administración de justicia se ha corrompido; si algunos jueces han olvidado el juramento prestado y el compromiso que implica su función; y si, además, la sociedad y el Estado no fueran capaces de reaccionar, el barco de nuestro sistema democrático se hundiría irremediablemente.
Se van mejorando las propuestas, con miras al objetivo generalizado de revisar el actual esquema normativo de la justicia.
La normatividad vigente, ante la mal intencionada manipulación de sus disposiciones para beneficio ilícito de unos pocos, debe ser reformada, y de manera integral, es decir, reconstruyendo todo el entramado normativo, a partir de la Constitución misma, un sistema de justicia bien estructurado, que fortalezca a la Rama Judicial y recobre su respetabilidad. Debemos volver a los jueces y magistrados íntegros, que no mendigan votos ni prebendas.
Al parecer, la idea de un artículo dentro de la reforma política, reduciendo las modificaciones a la justicia al restablecimiento de la Comisión de Aforados -declarada inexequible por la Corte Constitucional- fue reemplazada por la propuesta gubernamental de convocar un referendo con el mismo objeto. Y también parece que esta segunda idea fue desechada, al haberse comprometido en Pasto -en el marco del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional-, tanto el Ejecutivo como voceros de las altas corporaciones judiciales (incluido el presidente de la Corte Constitucional), el fiscal y el procurador, a una reforma integral de la administración de justicia.Es una buena iniciativa, que falta por concretar en el sentido de definir el procedimiento que se seguirá y sobre todo cuál será el órgano encargado de aprobar la reforma. Hasta ahora, todo es abstracto.
Se propondrá revisar las facultades electorales de las corporaciones judiciales, el sistema de disciplina de jueces y abogados, y los requisitos y procedimientos de elección de magistrados; el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados; el sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial; los estudios de la carrera de Derecho, y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión de abogado.
Falta mucho por definir. Pero el acuerdo inter institucional es un buen comienzo. Ojalá no quede todo en una iniciativa más, que se deseche cuando pasen las noticias de los medios sobre la crisis de la Justicia.