A raíz del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo 2, son muchos los entuertos que se han destapado y muchos los funcionarios que han sido cuestionados, destituidos, investigados, todo lo cual desencadenó la suspensión del alcalde Manuel Vicente Duque por disposición de la Procuraduría General de la Nación.
Analizando la situación desde una óptica neutral, existen factores, no menos importantes que las licencias falsas y las violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que contribuyen a acentuar la ilegalidad de las construcciones, a la vez que, de una u otra forma, arriesgan la integridad personal de los desprevenidos compradores que se ilusionan con aquellos constructores que les pintan castillos en el aire.
Las especulaciones, comentarios y señalamientos salidos a flote llevan a pensar que toda la culpa recae sobre la cabeza del alcalde como jefe directo de la Secretaría de Planeación, su oficina de Control Urbano y en los inspectores encargados de ejercer la correspondiente vigilancia, como últimos elementos de la cadena y que, paradójicamente, resultan ser los primeros en contribuir con la ilegalidad de las construcciones.
No podemos seguir creyendo que la estructura lo es todo en una construcción, pues hay otros componentes, no menos importantes, que igualmente pueden desencadenar una tragedia lamentable, de tal forma que podríamos hacerle a la administración y demás entidades prestadoras de servicio, las siguientes preguntas:
¿Hay en la ciudad un ente que revise, apruebe los diseños y supervise la construcción de los sistemas contra incendio, de acuerdo con el Título J del reglamento NSR-10, “Requisitos de protección contra incendio en edificaciones”? ¿Hay un inventario de las edificaciones que, estando obligadas, incumplen este requisito legal? ¿Cuántas construcciones tienen estos sistemas fuera de servicio?
¿Hay un inventario de las edificaciones que no cumplen el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y aun así se les instala el servicio de energía?
¿Hay un inventario de las edificaciones que no han cumplido el trámite de revisar los diseños hidráulico sanitarios y aún así tienen servicio de agua y alcantarillado? ¿Cuántas construcciones vierten aguas lluvias al alcantarillado sanitario, lo cual hace colapsar el sistema cada vez que hay un torrencial aguacero? ¿Cómo es posible que se sigan expidiendo factibilidades de servicios en barrios como El Cabrero, Bocagrande, Castillogrande y otros donde estos sistemas están en el tope de saturación?
Ojalá estas reflexiones se tomen de la mejor forma y sirvan para estructurar un reglamento que deba cumplir todo proyecto y no se subordine la expedición de una licencia de construcción, al concepto limitado de un curador.