Ayer el mundillo político local se conmocionó por la suspensión por la PGN de 16 honorables concejales y exconcejales por el “desacertado” manejo al escoger los organismos de control local.
Cartagena y el Concejo pudieron evitarse este desgaste si los concejales que terminaron en 2015 y en especial la mesa directiva, hubiesen escogido ajustados al principio de legalidad y los criterios buscados por el legislador, de los que de forma caprichosa y a sabiendas se apartaron. El fallo de primera instancia confirmo lo que se rumoraba, hubo trampa y trinca al escoger. Este fallo, de primera instancia, proferido por el Procurador 2 Delegado para la Contratación Estatal, en virtud a la designación de funcionario especial del Procurador General por los ruidos de graves interferencias ante el funcionario local que adelantó inicialmente la investigación y que -toca decirlo- fue benigno al calificar de grave la conducta; si la hubiese calificado de gravísima, la sanción sería la destitución- queda suspendido, hasta tanto la sala disciplinaria de la PGN no resuelva la apelación.
¿Se puede reemplazar temporalmente a los concejales suspendidos, unos 6 meses, otros 10 meses y otros –entre estos su flamante expresidente, David Dáger Lequerica-, por 12 meses? Del Artículo 134 del la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo del 2015, se concluye que no hay reemplazo para las faltas temporales porque la norma solo permite el reemplazo temporal por licencia de maternidad; y por medida de aseguramiento por delitos distintos a los de corrupción o conciertos para delinquir, entre otros.
Aunque la Ley 136 de 1994, define que la suspensión de la Procuraduría es causal de falta temporal, la norma que definía el mecanismo de reemplazo fue declarada inexequible y con esto, se enredo la cuestión y como dicen los jóvenes: Coca cola mata tinto, o Constitución mata ley,Confirmado el fallo, Cartagena podría no tener Concejo para aprobar el presupuesto, el POT y en fin, las actuaciones de su competencia, con solo tres concejales sin la medida.
¿Era necesario esto? ¿No debe la ciudadanía reaccionar ya ante tal irresponsabilidad de unos cuantos, que privilegian los intereses personales y grupales, a los de la ciudad? Los problemas de las empresas no son solo de los gerentes; si no es competente la junta directiva, la empresa fracasará y si la asimilamos a nuestra mayor empresa local, el Distrito, pues saquemos conclusiones.
Pese a que los servidores tienen gran responsabilidad, la investigación debería recaer en el presidente de la Corporación, quien “lideró” la escogencia de los órganos de control. Amanecerá y veremos cómo queda esta nueva tragicomedia de Cartagena. Seguro seremos de nuevo la comidilla nacional, como si no bastara con los endriagos que existen.
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