Ahora que el Concejo Distrital renueva su interés en las Fiestas de Independencia y propone, de nuevo, fortalecerlas, y que el Alcalde prohíbe los bailes de picó en los corregimientos de la Zona Norte, cabe una reflexión más amplia sobre la participación de los cartageneros en la vida cultural.
La vida cultural no es un lujo sino un derecho. Tenerla no nos hace más ricos, pero sí nos hace más felices y mejores ciudadanos. Por estas y otras razones hay que ocuparse de la vida cultural. Hay evidencia de que la pobreza y la exclusión no solo se producen por falta de oportunidades económicas y sociales, sino también por la persistencia de brechas en la participación cultural de los cartageneros.
Un estudio de la Universidad Tecnológica de Bolívar durante seis años (2008-2013) ofrece una primera aproximación a este problema en Cartagena. El trabajo, que será publicado en la revista Economía & Región, halla notorias inequidades en el acceso a las actividades culturales, especialmente por las que hay que pagar, como el cine, y también otras en las que no tanto, como leer libros y visitar monumentos.
Lo más preocupante es que esas inequidades tienen un fuerte componente de segregación espacial, explicada por la estratificación socioeconómica. La participación cultural se reduce cuando el estrato socioeconómico y la educación son más bajos, y es aún más baja cuando la población es rural. Según el estudio, cuanto mayor sea la pobreza, el número de niños en el hogar y la inseguridad en los barrios, menor es esta participación.
En general, la participación cultural de los hogares cartageneros es baja. En promedio, sólo el 31% de los integrantes de los hogares participó durante los seis años estudiados en alguna de las actividades señaladas en la encuesta de evaluación de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos, fuente del estudio.
A pesar de estos resultados, la investigación ofrece dos claves para mejorar la vida cultural local. La primera es la participación comunitaria, que es un potente estímulo de la lectura de libros y de la valoración del patrimonio material e inmaterial.
La segunda es más obvia aunque ha sido escurridiza: el interés de los gobiernos en diseñar políticas adecuadas y destinar mayores presupuestos a garantizar el derecho a la vida cultural de la población. En Cartagena, la inversión cultural representó apenas el 0,5% del presupuesto total ejecutado entre 2008 y 2014.
El análisis plantea la necesidad de identificar las barreras de acceso cultural en las comunidades. La política pública debe eliminarlas para cerrar las brechas en el disfrute de la vida cultural.
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