El recién inaugurado Túnel de Crespo dejó sin ruta de acceso a los ciclistas. Las sorprendentes respuestas del concesionario, “no estaba previsto” y “lo que se hizo es lo que dice la ley”, dejan al descubierto, una vez más, los riesgos de ejecutar obras definidas por fuera de Cartagena. Lo mismo sucede con los usuarios del transporte público, quienes ahora tienen que ir a un extremo de la obra para montarse en los buses.
A poco de haber iniciado operaciones, queda claro que la solución vial responde a medias a la idea de un sistema más amplio de conexión y movilidad ciudadanas, que reconozca usos actuales y deseados del espacio público, y dé margen a una debida articulación con las autoridades locales.
Al principio, el Túnel recibió críticas que cuestionaban su necesidad. Luego viraron hacia el retraso monumental que perjudicó a los moradores de Crespo, y especialmente al desafuero de construir un puente elevado -la loma- que cerró el acceso de miles de cartageneros a la playa, uno de los pocos espacios públicos disponibles en una ciudad donde escasean y se usan para levantar edificios en vez de parques (verbigracia, la densificación sobre la laguna de El Cabrero).
Comentario aparte merece el parque lineal que se construye encima del Túnel. Aún sin terminar, la apropiación colectiva ha sido asombrosa y hoy nadie niega el aporte de este espacio “cerrado” con extensas ciclorutas y áreas peatonales y de juego, aunque con exigua dotación de mobiliario recreativo (principalmente los juegos infantiles, hechos sobre materiales riesgosos para la integridad física de los niños).
Si bien los responsables de las obras deben convertir las críticas en oportunidades para mejorar, lo que pasa por ampliar la dotación del parque lineal y reparar las primeras señales de deterioro de la construcción, también es cierto que le ha llegado el turno al gobierno local.
La falta de previsión en casos como el de los ciclistas y los usuarios del transporte público, que por fortuna se resolverá pronto con los alimentadores de Transcaribe, abre un espacio de incidencia, sostenible y participativo, que debe enriquecer la vida cultural y recreativa de los cartageneros.
Aunque abrir un bien público de estas dimensiones no fue incluido en el plan de desarrollo del Gobierno Distrital, se requiere la intervención acoplada de entidades como el IPCC, IDER y el EPA.
A la queja por la falta de parques y la persistencia de desigualdades en el acceso a bienes públicos se deben sumar las demandas por iniciativas gubernamentales en esta parte del territorio, para hacerlo un verdadero espacio de inclusión social y convivencia ciudadana. Esto sí se puede prever.
*Co-director del L+iD, UTB
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