En 1963 se construyó la primera etapa de la urbanización Las Lomas del barrio San Francisco, por el Instituto de Crédito Territorial. En 1969 la misma entidad apoyó un proyecto de autoconstrucción de vivienda allí mismo.
A raíz de los movimientos sísmicos, en 1998 hubo derrumbes de inmuebles, grietas en el suelo y en casas habitadas en San Francisco, y sus habitantes se lo comunicaron al Distrito. Se ordenó una inspección ocular por funcionarios de diversas secretarías y entidades adscritas al Distrito, entre ellas Corvivienda.
Se le ordenó a INGEOMINAS un estudio que se denominó “Características de los fenómenos de remoción en masa en el barrio San Francisco”, el cual determinó gran riesgo para las viviendas y las familias del sector. El Distrito expidió el Decreto 0282 del 7 de mayo de 1998, declarando zona de alto riesgo a Las Lomas del barrio San Francisco. El acto administrativo no fue publicado, quebrantando un principio medular de toda democracia y de todo Estado de Derecho, el de la publicidad de la actividad del Estado, vulnerando el derecho al debido proceso.
La Contraloría General de la República y la Distrital coinciden en que las obras en la zona, después de la declaratoria de alto riesgo y los subsidios de arriendo de $720.000.000 trimestrales, $2.880.000.000 anuales, los cuales se pagan desde 2012 (alrededor de $8.640.000.000 en total) son un detrimento al erario del Distrito.
La comunidad afectada, sedienta de justicia e impotente por la inoperancia del Estado, en agosto del 2012 instauró una Acción Constitucional o de Grupo para que se le reconozca y pague daños y perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por una falla del servicio, u omisión administrativa, demanda instaurada contra el Distrito de Cartagena, Corvivienda, Minvivienda, etc., la cual cursa en el Juzgado Décimo Tercero Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, cuyas excepciones y medios de defensa propuestos por los demandados fueron resueltos en su contra.
Las entidades accionadas no hicieron nada para evitar la catástrofe. El Distrito y demás demandados están expuestos a una condena multimillonaria, sin precedente en responsabilidad extracontractual en el país, por 600 mil millones de pesos. Resultaron damnificadas 2.166 familias (propietarios y poseedores) y alrededor de 6.498 personas afectadas, condena que generaría graves consecuencias financieras para el Distrito de Cartagena.
Amanecerá y veremos el desenlace, pero atendiendo los fundamentos de hecho y de Derecho que estructuran tal petición, estaría el Distrito de Cartagena casi condenado.
*Concejal del partido de la U
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