Las réplicas han sido más fuertes que el propio terremoto que causó la opinión de los presidentes de las altas Cortes y por el Fiscal General sobre la conveniencia de convocar una Constituyente para reformar la justicia. En el Capitolio, en la Casa de Nariño, e incluso, en los edificios donde despachan los jueces supremos, sigue temblando.
El pánico es evidente. Las supuestas víctimas del sacudimiento se niegan a que el pueblo participe como constituyente primario, en aprobar una reforma a la justicia, como lo han propuesto los dignatarios de las Cortes, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, de cuya matriz habrían nacido, según se ha podido apreciar, las consignas de fuego contra la reforma constitucional que tramita el Congreso de la República.
De donde resulta acertado el vaticinio de algunos sismólogos políticos criollos, quienes señalan que el despacho del doctor Montealegre -que se comporta como un volcán en permanente erupción-, resultó el epicentro del terremoto que sacude nuestros cimientos institucionales.
Pero más allá de las anteriores licencias metafóricas, propias de nuestro Macondo impredecible, y ante la realidad de un Congreso incapaz de erradicar fuentes de corrupción política, como el voto preferente, o la circunscripción nacional, que han puesto en jaque nuestra democracia electiva, y ante el curso, además, del proceso de paz en La Habana, desprestigiado por hechos de barbarie que el modelo de negociación permite, habrá que decir que al fin la Constituyente puede abrirse paso.
Habría que prever que la Asamblea convocada para reformar la justicia, reformar el Congreso, reformar el sistema electoral, por ejemplo, no pueda desbordar las precisas atribuciones que, para dichos efectos, se le otorguen.
Desde las trincheras de la experiencia aconsejamos que para evitar el desvío funcional de la Asamblea, el Congreso Nacional, en la misma ley de la convocatoria, deberá establecer que todos los actos que apruebe dicho órgano delegado serán sometidos a control de los órganos jurisdiccionales, pues habrá que recordar que los asambleístas de 1991, por sí y ante sí, se declararon omnipotentes, y bajo esa presunción antidemocrática, cometieron el atentado de aprobar el artículo que sustrajo de ese control los actos que emanaran de dicho cuerpo: como el de revocar el Congreso de la República, elegido por más de siete millones de votos. Así se hubieran dejado constancias enérgicas, como la del ex constituyente Esguerra Portocarrero, contra dicho artículo de contenido dictatorial.
Posdata. Causa del terremoto político, desde nuestro periscopio político: la aspiración del fiscal Montealegre a ser el candidato presidencial del posconflicto.
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