La polémica por la definición y negociación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena (PEMP) demuestra que no son pocos los réditos que el cambio de normatividad de uso del suelo puede generar en términos inmobiliarios. Los pasos en falso de la Administración distrital en el manejo del tema acentúan la miopía que produce la oportunidad de negocios que desconoce el valor patrimonial del cordón amurallado de Cartagena.
Tal como ocurrió con la leyenda de El Dorado, cuando los conquistadores españoles viajaban hasta Guatavita, en las afueras de Bogotá, buscando incalculables riquezas auríferas, grandes son los intereses que persiguen hoy en Cartagena cambios en el uso del suelo para aprovechar el gran potencial inmobiliario de predios que, como la Base Naval, pertenecen a la zona de influencia del Centro Histórico.
El PEMP se ha convertido en el detonante que ha unido a diversos actores de la ciudad. Ha logrado que sus habitantes, representantes de gremios y la academia, entre otras fuerzas vivas, sienten su voz de protesta frente a sus gobernantes y exijan, con propuestas concretas, que primen los intereses de la comunidad. Sin embargo, hasta ahora, la sensación es que las autoridades locales y nacionales han sido poco transparentes.
El Gobierno nacional quiere convertir el predio en una gran alcancía para financiar una nueva base naval. No obstante, ello iría en contravía de los mejores intereses de los cartageneros. Por su ubicación estratégica, la zona puede suplir muchas de las más sentidas necesidades urbanas, entre ellas las deficiencias de espacio público y la construcción de nuevos atractivos turísticos que ayuden a oxigenar y disminuir la presión sobre el Centro Histórico y el propio Bocagrande.
Los vecinos de la zona, en particular, ven el caso como la última oportunidad para solucionar muchas debilidades heredadas en una ciudad que ha crecido sin mucha planeación y que tiene por costumbre anteponer intereses foráneos a la calidad de vida de sus propios habitantes.
Los funcionarios distritales deben siempre recordar que ocupan sus cargos para representar los intereses de los cartageneros. Pero esa es tarea ardua, pues el Gobierno nacional aún decide y determina el destino de poblaciones, desconociendo necesidades y capacidades locales.
Al parecer, entonces, El Dorado ya no se encuentra en las montañas de Colombia. Se halla en la históricamente saqueada pero valerosamente defendida Cartagena de Indias, cuyos habitantes, ante la posibilidad de perder uno de sus más valiosos activos, siguen demostrando por qué nuestra urbe es conocida como La Heroica.*Profesor UTB
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