La discusión por la decisión del alcalde de prorrogar el contrato de gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado, que duraría hasta el año 2021, pasó por alto un aspecto básico sin el cual el debate es incompleto e inconducente. Tal como fue contemplado al suscribirlo y obedeciendo a los términos de referencia de la licitación internacional, era obligación del Distrito asumir los costos de las ampliaciones y mejoras de toda la infraestructura. Así fue convenido en la cláusula 20 del contrato, en la que se exonera a Aguas de Cartagena de esta responsabilidad.
Aunque es extemporáneo debatir la bondad de su contenido pactado hace 20 años, la administración de entonces consideró que para recuperar unos servicios tan esenciales que casi habían colapsado desde 1992, la empresa mixta debía dedicarse con exclusividad a ese cometido mediante el contrato de gestión. Fue así cómo el Distrito financió en gran medida el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con aportes complementarios de la Nación y en cierta medida con aportes de la propia empresa mixta, aunque sin obligación contractual para ello.
En la administración de Judith Pinedo, a instancias del interventor de la gestión y de la propia empresa, se detectó la necesidad de construir una nueva planta de tratamiento con todos sus aditamentos de tuberías de aducción, conducción y distribución, tanques, estaciones de bombeo y rebombeo para hasta 30 años, y se contrataron los estudios del que se denominó el Nuevo Plan Maestro de Acueducto y tanto la alcaldesa como los alcaldes Terán y Otero, actuaron para cumplir los términos del contrato: que fuera el Distrito el que corriera con la financiación, con algunos aportes de la empresa.
Cuando asumió el alcalde Vélez, anunció que debía ser Acuacar quien lo ejecutara y financiara, pues el Distrito no tiene la capacidad, pero se encontró con la imposibilidad contractual y financiera, pues no es posible obtener un crédito de alrededor de 300 mil millones que vale la primera etapa, para ser repagados en seis años que le faltan al contrato y a la existencia societaria de la empresa. Ni las cuentas ni las condiciones del contrato daban.
Es cuando surge la idea del propio alcalde de viabilizar la financiación a través del giro ordinario de la sociedad mediante una prórroga del contrato, por el tiempo que fuere necesario para cubrirla. Es un tema complejo que exige explicaciones de la administración a la ciudadanía, al Concejo y a los gremios, pues en un régimen demócrata, la razón de ser de cualquier decisión tiene que obedecer a los intereses comunitarios y la comunidad tiene todo el derecho de saber lo que se hace en la esfera pública.