Por muchos factores sociales, económicos y de políticas públicas mal diseñadas o ejecutadas, los educandos no llegan a las aulas en condiciones de igualdad.
Pero ello no es excusa para que en Cartagena se siga anteponiendo el afán de protagonismo de actores públicos a costa de la dignidad y seguridad de cientos de jóvenes que buscan el saber.
La educación de un pueblo refleja fielmente los valores y actitudes de las sociedades, siendo nuestro criterio que el centro de todo el proceso formativo es el ser humano y más aún los niños, jóvenes y adolescentes.
Los centros educativos deben ofrecer y garantizar al educando y docentes zonas seguras y cómodas para sus actividades pedagógicas, por lo que nos constituimos en voceros de quienes con sobrada razón se resisten a recibir la sede donde el Distrito planea trasladar a la comunidad educativa de la institución República de Argentina por el riesgo y peligro para su salud e integridad física ya que dicha sede está sin terminar, buena parte estas obras solo están en etapa de levante de columnas, no tiene accesibilidad, carece de cerramientos y rutas de evacuación de emergencia y abundan los conflictos en sus terrenos, poniendo en riesgo el cuidado de los menores.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación para velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, dice nuestra constitución política colombiana.
Existen las herramientas suficientes para tener buenas instalaciones locativas, y que nuestros alumnos puedan recibir educación con calidad y formación como seres humanos. El país tiene como tarea en su programa Colombia la más educada, ser competente en la región; es el momento de que Cartagena se vea con buenos profesionales y lo menos útil es embarcarse en una lucha entre la administración y padres de familia, por lo que la cordura ha de ser el punto de encuentro para la solución, pero sin duda alguna y teniendo en cuenta nuestra corresponsabilidad como coadministradores de preservar la integridad física de los menores, me sumo a la posición asumida por la Personería y solicito no trasladar a los menores y educadores a dicha sede hasta que se haga efectivo y evidente la protección de sus derechos a la integridad física y la vida misma, razones suficientes para exhortar al ICBF para que actúe dentro del marco de sus competencias en defensa de los derechos fundamentales y colectivos de los menores que se encuentran en riesgo de ser vulnerados.*Concejalprotocolo@concejocartagena.gov.co