Los cinco hechos político-sociales destacados en 2013 fueron: el avance en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Hubo un salto cualitativo hacia terminar el conflicto interno armado y las dos delegaciones avanzaron en un acuerdo y si aún queda un recorrido complejo y se requiere formalizar las conversaciones con el ELN, es probable que 2014 sea el año de la firma de la paz con la insurgencia guerrillera y el punto de partida, sin exclusiones para construir la paz, de una mejor sociedad y una democracia menos formal y más real.
Segundo, las movilizaciones agrarias y mineras resaltaron problemáticas ‘olvidadas’ y el país urbano redescubrió que el campesinado es actor en la vida política colombiana. Así como en 2011 el movimiento estudiantil liderado por la MANE volvió a la escena política, ahora lo hizo el campesinado no solo con el paro agrario, sino con el movimiento del Catatumbo y por la discusión del primer punto de la agenda de La Habana sobre ‘desarrollo agrario integral (enfoque territorial)’. Algo similar sucedió con los mineros pequeños y artesanales.
Tercero, comenzar a saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las universidades públicas, especialmente con la Universidad Nacional, con la aprobación unánime en el Congreso de la ley que crea la estampilla Pro UN y demás universidades estatales, que mejorará la infraestructura física de la primera universidad del país junto con los recursos adicionales del CREE y con el cambio de la modalidad de asignar recursos anuales a las universidades estatales, con una nueva ley concertada de Educación Superior.
Cuarto, la controversial destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Más allá de las facultades disciplinarias del Procurador, en el centro del debate está: si en una democracia un funcionario puede destituir a otro elegido por los ciudadanos y adicionalmente por tratarse del alcalde de la ciudad capital, con régimen especial; y segundo, si en medio de conversaciones de paz, un antiguo guerrillero que honra los compromisos de paz y ganó por votación popular la alcaldía más importante del país, será destituido por sus decisiones administrativas.
Quinto, la convicción en importantes sectores de la sociedad de que se requiere un cambio constitucional –fracaso de la reforma de la justicia, necesidad de una reforma política profunda, revisión de las facultades excesivas para los entes de control en cuanto a destituciones e inhabilidades políticas, etc. Pareciéramos llegar a una convicción similar a la de los años 80 del siglo pasado y que acertadamente el profesor Mario Latorre Rueda llamó ‘la sociedad bloqueada’, para indicar que no eran posibles los cambios por los canales institucionales y era necesario acudir a un camino heterodoxo como la Constituyente de 1991.
Adenda: Les deseo buenas fiestas de fin de año y un 2014 muy positivo.
Profesor Universidad Nacional