Cuando no es el Gobierno, es el Estado. Y viceversa. Y cuando no, las instituciones y el Gobierno.Y viceversa.
Y por si a unas y a otro se les olvidara fugazmente su papel de francotiradores contra la paz, los suple puntualmente y con perfecta puntería, la Corte Penal Internacional (CPI) y nuestra Corte Constitucional.
Y viceversa.
Y así, cuanto deja entrever este bailecito medio pendejo pero cansón ya, es que la paz, su negociación y el fin del conflicto armado colombiano que ella persigue, no parece haber sido un objetivo serio y pensado como política de Estado y Gobierno.
Mas parecido sí, a una estrategia política para la reelección de Juan Manuel Santos, solo que por no proceder con seriedad y honradez en su concepción y desarrollo, ni asumida con la formalidad y responsabilidad como política de Estado, la estantería de la reelección ya se averió en buena parte.
Si algo queda al descubierto en la trama de la negociación de la paz ofrecida por el presidente Santos a los colombianos, es que todo resultó improvisado y con incoherencias que delatan la falla estructural.
A tal punto, que la miscelánea de discursos diarios, desde y por el Gobierno, no hacen más que confundir y extraviar el rumbo de unas negociaciones cuyos tiempos y definiciones dependen hoy de una agenda de la cual nunca se habló, pero que es camisa de fuerza: la de la reelección.
Si esa carta se asoma desde el inicio, es probable que el consenso entre las distintas piezas de la institucionalidad que deben consentir lo negociado en La Habana se habría facilitado de otra manera distinta. Una de esas partes, la Corte Constitucional, también decidió, y fuera de contexto, velar armas contra el proceso y dispararle a mansalva al Marco Jurídico para la Paz.
Y todo por un “olvido”.
¡Y qué olvido! Nada más que el inamovible y punto de honor de la agenda de las FARC–EP, de no pagar un solo día de cárcel por sus acciones de guerra como ejército revolucionario en armas contra el Estado.
Llama la atención que, cuanto pareciera marcar el ritmo en esta sucesión de golpes al intento de una paz para Colombia, es la sincronización de las salvas disparadas desde puntos estratégicos de la institucionalidad: Procuraduría, Ministerio de Defensa y Corte Constitucional. Y, desde la extraterritorialidad, la CPI.
Todo es propiciado por la incoherencia, informalidad y falta de seriedad del Gobierno al formular, desarrollar y conducir un proceso surgido más como coyuntura para una reelección, que para el fin del conflicto.
Es lo que nunca quisiéramos, pero se avizora el final lánguido de la Mesa de La Habana. Y muchos matojos que saltar para la reelección.*Poeta
@CristoGarciaTap
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