Ley, constructora de tejido social

Ahora que toma fuerza la idea de llevar a Colombia a la OCDE, buena parte de los avances que nos reconoce esa organización se iniciaron con la política de Seguridad Democrática de Uribe. Al prevaler la ley y la gobernabilidad legítima, estuvimos más cerca de los estándares de los países desarrollados para entrar a ese club. Un Estado fortalecido, que no trance la Ley, es básico para estimular la economía mediante la confianza de la sociedad en sus instituciones, a la par de mermar las desigualdades que trancan el desarrollo.
La visión integral de la política de seguridad ciudadana y democrática se impuso como desafíos: fortalecer el capital humano, proteger los activos, generar ingresos y crear oportunidades para los más pobres y su desarrollo humano. Esta renovada garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, recompuso la unidad nacional y su confianza. Unos veinte programas sociales hicieron parte de estos propósitos, con ejecución reconocida dentro y fuera del país.
Anduvieron porque se avanzó en la consolidación del Estado de Derecho y su fuerza pública en el país, la restauración del orden, la seguridad y la ley, en donde antes sólo operaba el “seudo-estado” terrorista. La paz estimuló la confianza inversionista y un crecimiento sano y sostenido. Hubo mejores ingresos fiscales para el Gobierno –que aumentaron al 15,5% del PIB en 2009, frente al 10,9% del PIB en 2000– y mejoró así la inversión social incluyente.
Imposible no contrastar el Estado Comunitario, con los avances pálidos de hacerle el juego a los violentos, flexibilizando o atrancando la Ley. Entre 1998 y 2002 la economía creció al 0,62% en promedio anual, con la Seguridad Democrática el PIB fue histórico, entre 4,7 y 6,9 durante cuatro años consecutivos. Y mientras les abrían campo a los terroristas en el Caguán, se lo cerraban a la inversión extranjera. No llegaba a US$2.000 millones, frente a US$9.500 millones que cosechamos con un Estado fortalecido.
Para no mencionar la imposibilidad de activar los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que sólo tuvieron salida cuando el gobierno Uribe pudo garantizar el Estado y sus instituciones en el país. La tasa de pobreza se redujo entonces 13 puntos porcentuales –de 49,7% a 37,2%–, la revolución educativa alcanzó cobertura universal en básica y media, los estudiantes universitarios se duplicaron de 18% a 37% y un programa como “Familias en Acción” llegó sin problemas a 1.099 municipios, 2,8 millones de familias y 5,3 millones de niños afrodescendientes, indígenas, desplazados y de barrios marginales en las ciudades.
Pese a que estas victorias mejoraron desarrollo y civilidad, estamos lejos de los estándares de la OCDE. El ingreso per cápita europeo es 4,7 veces superior al nuestro y nos obliga a retomar las políticas que si dieron resultados. La mayoría de los colombianos siente que abandonamos la estrategia contra la inseguridad y retrocedimos al negociar con terroristas.
Se debilita el Estado de Derecho y se deterioran la seguridad, el crecimiento, la inversión y los recursos fiscales, y se dificulta mejorar la calidad de vida, determinantes que en el pasado reciente produjeron el sin igual auge de nuestra cohesión como nación.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

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