Régimen especial a congresistas

Por estos días la Corte Constitucional realiza audiencias públicas en el proceso de constitucionalidad del Régimen Especial de Pensiones para Congresistas, bajo el expediente D-9173 y D-9183, por demanda de los abogados Germán Calderón y Dionisio Araújo contra el Artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual reconocieron pensiones exageradas a los ex congresistas, de entre 17 y 25 millones, muy por encima de los 25 smlv establecidos en la Constitución Política como tope máximo (14,7 millones). Hay una enorme desproporción, inequidad y desigualdad, que viola el Artículo 13 de la Constitución Nacional, pues del 1,6 millones de pensionados, 1,1 millones de colombianos, es decir, el 68%, tiene una pensión menor a dos smlv, y el 0,1% recibe más de $14.737.000. Es un trato a favor de los congresistas, “quienes dominan el club de las pensiones onerosas” y aprueban leyes en beneficio propio. Son los mal llamados padres de la patria y ahora alistan una nueva reforma pensional contra los trabajadores.
La CUT participa con una clara posición y conceptos constitucionales, legales, jurídicos, políticos, económicos y sociales en las audiencias, buscando que la Corte Constitucional estudie la inconstitucionalidad de las altas pensiones de los ex congresistas, contradictorias al mandato constitucional del artículo 48 de ésta, por cuanto la seguridad social debe proteger a los(as) ciudadanos(as) frente a riesgos como enfermedad, accidentes, desempleo, vejez o muerte y en general darle a la población bienestar social. Las pensiones a cargo del fondo del Congreso le valen al país cerca de 2,48 billones de pesos mientras los aportes de quienes las obtienen apenas llegan a los 363.000 millones de pesos. La Nación, con los fondos del régimen de prima media, aporta más de 2 billones para esas mesadas especiales por más de 17 millones de pesos mensuales. La pensión especial de los congresistas no existe como derecho constitucional para que se de este beneficio discriminatorio y violador del derecho de igualdad y del estado social de derecho.    
Según el Banco Mundial (BM), Colombia es el séptimo país más desigual del mundo. Esta entidad ha contribuido a la corrupción política,  administrativa, económica, cultural y social en nuestro país y por tanto no tiene autoridad moral para referirse a estos temas que tanto daño han hecho a nuestro país. El sistema pensional colombiano es totalmente inequitativo, pues impone que la mayoría del presupuesto de las pensiones favorezca a una mínima cantidad de ellas; lo que a su vez redunda en que tan sólo cerca de un 25% de la población en edad de pensionarse la obtenga.
Sabemos que las astronómicas pensiones de los congresistas, magistrados de las altas cortes y ex presidentes de Colombia, obedecen a las políticas del gobierno y la burguesía de beneficiar a sus aliados y proteger el capital privado nacional y extranjero, de allí que las escandalosas pensiones no hayan sido cuestionadas por los grandes medios masivos de comunicación de propiedad de la burguesía, porque los congresistas legislan a su favor, en contra de los trabajadores que somos los que producimos las riquezas y contra el pueblo, de allí las enormes desigualdades, el crecimiento de la pobreza, el hambre, la miseria y el desempleo.   

*CUT BOLÍVAR

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