Las mareas

Luego de muchos años de incuria e indolencia, el gobierno distrital apropió, en el presupuesto de 2011, $8.600 millones para financiar la primera etapa del “Proyecto Piloto de Control de Mareas”, diseñado como un sistema de captación, conducción y bombeo de las aguas. Se adelantaron dos procesos licitatorios que fueron declarados desiertos. Sin embargo, consumado el último, la empresa “Consorcio Control de Mareas 2011” tuteló la decisión por habérsele “vulnerado los derechos al debido proceso y a la igualdad”.
El consorcio contó con suerte porque el Juzgado Cuarto Penal Municipal del Distrito Judicial de Cartagena le amparó, como mecanismo transitorio, los derechos constitucionales reclamados con el fin de evitarle un “perjuicio irremediable” y le levantó la exclusión que le chantó el distrito, cuyas autoridades quedaban obligadas a revaluar su propuesta. Por lo tanto, la decisión judicial, proferida el 30 de diciembre del año pasado, dejó sin efecto las resoluciones dañinas y ordenó que su pronunciamiento se cumpliera dentro de las 48 horas siguientes.
El coordinador de la Unidad Asesora de Contratación ofició, con fecha 7 de marzo del presente año, a los secretarios de Infraestructura, Hacienda, Planeación y el jefe de Jurídica, pidiéndoles que gestionaran “la consecución de los recursos necesarios para el cumplimiento del fallo judicial, dado que la orden del juzgado es de carácter perentorio y obligatorio”.
Cinco días después, el 12 de marzo, el secretario de Infraestructura enteró al de Hacienda de que estaba abierto un incidente de desacato y radicado un ultimátum de la Procuraduría Provincial. En otras palabras, tenía que hacer una adición de cómputos en el presupuesto porque los $8.600 millones presupuestados en el 2011, con la interventoría incluida, “fueron trasladados a otros rubros para atender otros compromisos de la Administración”.
Así las cosas, el gobierno anterior (se deduce de la frase entrecomillada transcrita) cambió el destino de la apropiación con anterioridad al fallo de tutela y el actual desatendió la urgencia de conseguir la plata para satisfacer una exigencia judicial ineludible, ya que hasta el 14 de agosto el silencio del secretario de Hacienda se mantenía. Tuvo el alcalde encargado que enviarle una comunicación conminándolo a efectuar los “trámites presupuestales” que le solicitaron sus colegas desde cinco meses antes.
Al fin, el 16 de agosto del año en curso, el ex alcabalero del régimen relacionó los contracréditos que se cumplieron en 2011 (afectando los $8.600 millones asignados a la recuperación de estructuras marítimas, con decretos al canto) y remató que “en la actual vigencia (la de 2012) no se apropiaron recursos en la inversión (la del Proyecto Piloto) ni existe disponibilidad para acatar el fallo de tutela”.
En síntesis, las propiedades continuarán desvalorizándose, los vehículos pudriéndose, el pavimento agrietándose, las alcantarillas regurgitando caca y la vida perdiendo calidad.
Frustrada la posibilidad de contener las mareas, y aplazada la solución mínimo por dos años más, lo procedente es incorporar las áreas inundadas de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga y el Centro Histórico, en la Guía Náutica que acaban de lanzar.

Columnista

carvibus@yahoo.es