Alcaldías populares, balance necesario

Como primer alcalde de Cartagena elegido por el voto popular, me identifico completamente con lo planteado por Jorge Rumié en su columna de El Universal en la edición del viernes 7 de los corrientes, en el sentido de que se necesita un balance de la gestión de los alcaldes populares de Cartagena.
Considero que ese balance debe hacerlo una entidad como el Observatorio del Caribe o un programa como Cartagena Cómo Vamos, que son garantía de objetividad, y debe hacerse tanto de manera global como singularizado en relación con las alcaldías populares de la ciudad.
Opino que ese balance, para ser justos, debe considerar las diferentes variables como períodos, presupuestos y marco legislativo del momento sobre descentralización de responsabilidades y recursos.
Es conveniente que se determinen las diferentes iniciativas en políticas públicas por parte de las distintas administraciones populares de Cartagena y qué ha pasado con la continuidad de esas políticas.
Un análisis pormenorizado y serio de todas y cada una de las gestiones populares y la confrontación entre ellas, puede dar muchas luces sobre cuáles políticas de esas gestiones deben permanecer, cuáles deben ser retomadas y cuáles desechadas por inconvenientes.
La continuidad de las políticas públicas parece ser clave en la administración de las ciudades. Ejemplo de ello, es la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que pasó de ser el peor ejemplo de administración en el continente a prototipo de una buena administración pública y en Colombia el de Bogotá, aún cuando después de logros significativos, hoy presente una lamentable situación de crisis. En ambas ciudades, el aspecto de la continuidad de las políticas es la clave para entender sus procesos de desarrollo. Hacia allá debemos apuntar.
Un balance como el que se propone puede ser el comienzo de un proceso de consensos en la ciudad que desemboque en un ciudadano con mayor conciencia. Es por eso que en torno a ese balance de carácter técnico, debe darse una convocatoria a las diferentes fuerzas vivas de la ciudad (dirigencia comunal y comunera, ONG, organizaciones de juventudes, sindicatos, empresarios, academia) para realizar un debate abierto que permita hacer la mayor claridad posible sobre la ciudad que queremos. Ese debate deben liderarlo nuestras universidades.
Pero sugiero que el balance vaya más allá de las alcaldías populares y se extienda a las distintas administraciones que ha tenido la ciudad en los últimos cuarenta años, con las mismas variables tenidas en cuenta para las populares.
De esta manera, creo que se pueden tener unos elementos de juicio válidos para juzgar hasta donde ha sido conveniente o no para Cartagena la institución de la alcaldía por elección popular con aspectos tales como, entre otros, contar con un período fijo para su gestión.
Desafortunadamente, el proceso de descentralización que comenzó a ponerse en práctica a mediados de los ochenta en Colombia, coincidió con el auge del narcotráfico y el narcoterrorismo en un país que pagó por ello un precio alto en desinstitucionalización y corrupción. Pero si bien esa es otra historia y otro debate, es innegable que por su incidencia en la política colombiana es absolutamente pertinente tenerlo en cuenta al analizar las nuevas instituciones que trajo consigo ese proceso.

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