Es innegable el poder de presión que ejercen sobre las autoridades y la sociedad algunos grupos organizados para la defensa de sus propios intereses; uno de esos en Cartagena es el de los llamados “moto-trabajadores”, quienes no solo han logrado mantener por fuerza de las circunstancias un sistema de transporte irregular, sino que, por su cohesión gremial, han conquistado poder político y cuando se lo proponen desestabilizan la ciudad.
Los líderes de organizaciones de este sector gozan de reconocimiento entre la dirigencia política, con quienes suelen negociar acuerdos y respaldos electorales, convertibles en posteriores beneficios para sus afiliados, pero cuando sienten que estos les son incumplidos o no se les atiende en todas sus demandas, realizan protestas con bloqueos que generan parálisis y caos.
A pesar de ello, un sector de la ciudadanía se solidariza en esos casos con el sector bajo el argumento del derecho al trabajo y la defensa de un servicio que evidentemente representa alternativas de movilidad, en medio de altos riesgos. Pero una cosa son las protestas por demandas laborales y sociales y otra muy diferente las acciones convocadas, sin autorización de las autoridades, y sin mínimo consentimiento por parte de la comunidad.
Las llamadas “rodadas”, que congregan desde hace algunos años a centenares de motociclistas en las noches de Halloween, pudieron surgir de un noble propósito de integración de quienes disfrutan la pasión por las motos, o derivan su sustento de estas, pero en la práctica se convirtieron en un espectáculo grotesco de vandalismo desbordado que amenaza a toda la comunidad cartagenera.
Las experiencias anteriores dan cuenta de hordas de motorizados alicorados y armados cometiendo robos atracos y atropellos sistemáticos en todos los sectores al paso de “caravanas de horror”, ante las cuales las autoridades no han tenido capacidad efectiva de control. En buena hora la actual Administración distrital, cumpliendo su deber constitucional y legal de defender y proteger a los ciudadanos, tomó la decisión anticipada de desautorizar la “rodada” convocada para el próximo 31 de octubre.
Tal medida cuenta con un mayoritario respaldo de los cartageneros, incluyendo a quienes defienden el “mototaxismo”, e inclusive de muchos motociclistas que no aceptan que ese tipo de caravanas desvirtúen los propósitos de su gremio y contribuyan a aumentar su estigmatización.
En momentos en que la ciudad y el país demandan de nuevos liderazgos constructivos, que aporten a la construcción de sana convivencia y paz social, sería deseable que directivos y afiliados de las asociaciones de motociclistas y de mototrabajadores de Cartagena sean los primeros en acatar públicamente la decisión de la primera autoridad civil del Distrito, y desestimulen a sus afiliados no solo de participar en la próxima temida “rodada”, sino que por carecer esta de justificación positiva, se descarte su respaldo para futuras versiones. La ciudad aplaudiría esa decisión responsable.
*Escritor y asesor en comunicación política y de gobierno.