Las cifras del 2017 nos mostraron que en Colombia murió un niño todos los días por desnutrición y parece que la situación para el 2018 va a ser similar,
En Colombia vivimos de tragedia en tragedia, cada día aparecen nuevas situaciones que nos deben hacer reflexionar sobre cuál es el papel de la sociedad y del gobierno en el control de nuestro país y que nos deben hacer formular la pregunta: ¿hasta dónde vamos a llegar?
En nuestra querida patria existen organizaciones que controlan todo: procuradurías, defensorías, fiscalías, superintendencias, veedurías, contralorías, ministerios, secretarías e institutos, y no contentos con esto, acudimos a otras de talante internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- para que nos ayude a garantizar, ya desde afuera del país, los derechos de los colombianos.
Sin embargo, para algunos casos todo este andamiaje de control, de funcionarios, de técnicos, de especialistas y de burócratas, fallan y los resultados no se dan, con un enorme costo social que nos debería doler a cada uno de los colombianos y hacernos reflexionar profundamente en nuestro compromiso de proteger a los mas indefensos miembros de nuestra sociedad: los niños y las niñas.
Digo lo anterior porque a escasas semanas de culminar el año 2018 y con unas cifras que ya no son reversibles, empiezan a aparecer los datos de las muertes por desnutrición en el país y nuevamente parece que nos rajamos en evitarlas.
Aparecen entonces las mismas zonas de riesgo para muertes por desnutrición: Guajira, Cesar, Choco, Magdalena y Bolívar. Cuatro departamentos de la región Caribe dentro de los más afectados por este flagelo. Aparecen también las cifras del DANE donde nos dicen que se están muriendo niños por desnutrición severa, principalmente menores de un año, pertenecientes a etnias indígenas y los cuales no tienen garantizados sus derechos fundamentales a la vida, en unas comunidades que lo mínimo que deben tener es agua potable, salud y educación.
Las cifras del 2017 nos mostraron que en Colombia murió un niño todos los días por desnutrición y parece que la situación para el 2018 va a ser similar, con un agravante no contemplado en el año anterior: la población migrante de Venezuela, la que pareciera que tiene problemas nutricionales tan o más graves que los que padecen los colombianos.
Cartagena no es ajena a este fenómeno, en un estudio realizado en La Casa del Niño, el único hospital pediátrico de la ciudad y la región, se encontró que cerca del 48% de todos los pacientes que estuvieron hospitalizados tenían algún grado de desnutrición y que esta condición hacía que fueran más susceptibles de tener complicaciones, empeorando su pronóstico y afectando su recuperación. En los niños y niñas menores de cinco años, la desnutrición aguda es la forma de desnutrición más grave, altera todos los procesos vitales del niño y el riesgo de muerte es nueve veces superior que para un niño en condiciones normales.
Ante los datos expuestos anteriormente, surge entonces la inquietud: ¿si esta situación se presenta en una de las principales ciudades de la región, vitrina de Colombia ante el mundo, que puede estar pasando en una ranchería de la guajira o en las poblaciones rurales de nuestra costa caribe?
En nuestro país, los esfuerzos que se están haciendo para controlar este flagelo no están siendo del todo efectivos, se necesita unir fuerzas, trabajo estructurado e integrado, con objetivos y metas comunes, claras y sinérgicas. Hasta ahora la estrategia de control no ha dado los resultados esperados y no se ha impactado de manera positiva el problema, obteniendo unos resultados que son susceptibles de mejorar y en donde se requiere el compromiso del gobierno central, del sistema de salud, de los gobiernos locales, de los padres y de toda la sociedad en pos de esta población vulnerable e indefensa que literalmente frente a nuestros ojos se está muriendo.