Un estudio elaborado recientemente por la Unesco analiza de manera exhaustiva la situación de la población migrante venezolana y documenta tanto los avances como las brechas persistentes en su acceso a la educación, dejando en evidencia barreras aún por superar. (También te puede interesar: Subsidio de arriendo para venezolanos en Cartagena: nuevo plazo para postulaciones)
Se trata del informe “Movilidad, migración y el derecho a la educación superior en América Latina y el Caribe: mapeo de rutas hacia la educación superior para personas refugiadas y migrantes venezolanas”, publicado en junio de 2025 en español y luego, durante este agosto, en inglés.
El documento reseña que, en febrero de 2024, Colombia albergaba a 2.808.888 migrantes venezolanos, de los cuales más de 2,2 millones estaban regularizados bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), 347.451 en proceso de regularización y 460.736 en condición irregular, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde 2018, el país ha desarrollado políticas públicas para garantizar los derechos de esta población, destacando el ETPV —implementado en 2021— que reemplazó al Permiso Especial de Permanencia y amplió el acceso a salud, educación, protección social e inclusión financiera. (Lea también: Lanzan proyecto para apoyar a comunidades del Darién y Colombia tras la crisis migratoria)
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) estableció cinco lineamientos para su inclusión en preescolar, básica y media, como la flexibilización de requisitos documentales y la regularización migratoria de estudiantes.
En educación superior, el avance ha sido más lento, se menciona en el informe. En 2023, se matricularon 849 estudiantes venezolanos, un aumento del 51 % frente a 2018, pero que apenas representa el 0,10 % de la población en edad universitaria.
Las principales barreras son económicas, administrativas y de reconocimiento de títulos: el 97 % de quienes tienen formación profesional no han logrado homologar sus credenciales. Además, el 48 % ha sufrido discriminación y el 51,7 % reconoce dificultades para adaptarse al entorno académico.
Para enfrentar estos retos, se recalca que Colombia ha impulsado programas como el Fondo Solidario para la Educación, la Política de Gratuidad y Generación E, que cubren matrícula y apoyos económicos sin distinción de nacionalidad.
También se han implementado estrategias de mentorías, validación de bachillerato y ciclos propedéuticos que facilitan la inserción laboral. Experiencias como el programa Incluye UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana, ofrecen acompañamiento psicológico y académico para mejorar la integración.
Aunque los avances en regularización migratoria y acceso a la educación básica y media son significativos, las cifras evidencian que la inclusión plena de la población migrante venezolana en la educación superior sigue siendo un reto estructural. Persisten limitaciones económicas, con un alto porcentaje de jóvenes que deben abandonar o posponer sus estudios por falta de recursos y altos costos asociados a trámites como la visa, la cédula de extranjería y la homologación de títulos.
A ello se suman la burocracia y las barreras administrativas que ralentizan los procesos de admisión, así como la desinformación sobre rutas y requisitos, que afecta a casi un tercio de esta población.
Estas dificultades, unidas a experiencias de discriminación y problemas de adaptación al entorno académico, restringen las posibilidades de que miles de jóvenes migrantes y refugiados venezolanos continúen su formación universitaria y se integren plenamente al mercado laboral, privando al país de un valioso potencial humano y profesional que podría contribuir de forma decisiva a su desarrollo social y económico.