El Gobierno de Venezuela avanzó en la implementación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, al definir un protocolo que busca acelerar la aplicación de los beneficios contemplados en la normativa. La medida se produce mientras familiares de personas consideradas presos políticos permanecen en las afueras de distintos centros de reclusión, a la expectativa de nuevas liberaciones.
El documento fue elaborado durante una reunión en la que participaron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, encabezada por el diputado Jorge Arreaza. Aunque no se han revelado detalles del contenido, las autoridades aseguran que permitirá ejecutar con mayor rapidez las disposiciones aprobadas por el Parlamento.
A través de la red social X, Saab afirmó que el protocolo “garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos” en la ley.
La normativa, promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras su aprobación legislativa, abarca en teoría el período comprendido entre 1999 y 2026. Sin embargo, delimita 13 hechos ocurridos en años específicos, lo que deja por fuera otros casos registrados en ese lapso, así como situaciones vinculadas con operaciones militares.
Mientras se define el alcance real del instrumento, familiares se concentraron frente a centros como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda. También hubo presencia en instalaciones conocidas como Zona 7, en el este de Caracas.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió imágenes de las vigilias y aseguró que continuará acompañando a quienes reclaman la excarcelación de sus allegados. En uno de los mensajes compartidos, señaló: “A pesar de las dificultades y el desgaste de pernoctar a la intemperie, la fe es la principal bandera de quienes esperan ver pronto a sus seres queridos en libertad”.
Ley de Amnistía en Venezuela y casos excluidos
La organización Foro Penal reportó que actualmente hay 644 personas catalogadas como presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero. No obstante, advirtió que alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos de la amnistía debido a que sus procesos no corresponden a los 13 momentos definidos por la ley.
En rueda de prensa, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó que muchos de estos casos están asociados a operaciones militares, aunque también incluyen civiles. Señaló que existen personas que fueron “acusadas de delitos que no cometieron” y que no podrán recibir el beneficio por no encajar en los supuestos contemplados.
Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, informó que presentarán ante la comisión especial un listado de 232 presos políticos con “violaciones graves a los derechos humanos”, con el propósito de que sean incorporados. Entre ellos, detalló, hay tres personas con discapacidad, 21 mayores de 70 años, 127 detenidos desde hace dos años sin comparecer ante tribunales y 81 con más de tres años sin presentación judicial.
Desde la fracción opositora Libertad en la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho expresó su confianza en que “se resolverán muchos casos” no incluidos inicialmente. Según indicó, la comisión trabajará por “áreas específicas” y revisará “caso por caso” los expedientes recogidos durante el proceso de consulta pública, en el que, afirmó, se consolidó una “buena data”.