Un año después de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha liderado múltiples formas agresivas de expandir los márgenes del poder presidencial de Estados Unidos, respaldándose en decretos, poderes de emergencia y haciéndose con el control del Partido Republicano, mientras el Congreso de este país, apenas hace resistencia a sus pretensiones.
En lo que va de su segundo mandato, Donald Trump ha desdibujado los límites de la presidencia con el apoyo de su Gabinete ciegamente leal y un liderazgo dispuesto a apoyar su agenda, pese a los precedentes establecidos en las propias leyes estadounidenses.
“En 2025, el presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes tradicionalmente reservados al Congreso, los tribunales y los estados. Inició una purga de la burocracia para sustituir a funcionarios de carrera por leales políticos”, escribió el analista político Ian Bremmer en una columna para la revista Time.
Gobierno a golpe de decreto
Mediante la combinación de un uso masivo de más de 200 órdenes ejecutivas, cambios regulatorios acelerados y una política exterior decidida casi en solitario, Donald Trump ha reconfigurado en un año el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Esto ha consolidando un Gobierno que invade espacios tradicionalmente reservados al Legislativo y los estados.
El mismo día de su inauguración firmó varias órdenes que suspendieron el programa de admisión de refugiados, endurecieron vetos migratorios y ampliaron los poderes de los agentes migratorios para realizar detenciones, concentrando en la Casa Blanca decisiones que antes pasaban por procesos más largos y compartidos.
También emitió decretos para reducir el tamaño del Gobierno federal y reducir a mínimos la asistencia extranjera, desmantelando entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sin contar con el Congreso.
Uso amplio de los poderes de emergencia
Donald Trump declaró una “emergencia nacional” por la inmigración ilegal y tráfico de fentanilo para imponer aranceles a la mayoría de importaciones de Canadá y México, luego ajustados, utilizando facultades ejecutivas para reorientar la política comercial y de seguridad, bajo la Ley de ‘Poderes Económicos de Emergencia Internacional’ (IEEPA).
También utilizó la IEEPA para respaldar su guerra comercial contra los socios comerciales de EE.UU. e imponer gravámenes, sin pasar por una autorización legislativa específica para cada medida. Esfuerzos que fueron rechazados en tribunales federales y que han llegado hasta la Corte Suprema, que debe emitir pronto una decisión.
Poderes de guerra sin supervisión
En una ruptura con la costumbre de sus antecesores de notificar previamente al Congreso antes de realizar acciones militares, Donald Trump ha ordenado ataques sumarios contra embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, matando a la gran mayoría de sus ocupantes.
Las irregularidades del primer ataque, donde supuestamente se remató a supervivientes de un bombardeo inicial, lanzó investigaciones en el Congreso, que sin embargo no lograron detener la llamada operación ‘Lanza del Sur’, en el marco de la cual continúan estos bombardeos.
El reciente ataque sorpresa en Venezuela que resultó en la captura y traslado del ahora arrestado Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, para ser enjuiciados en Nueva York, tuvo lugar sin la autorización explícita del Congreso, que no fue notificado con anterioridad por su “tendencia a filtrar información importante”, según afirmó Trump.
Esto ha llevado a líderes de las minorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes a denunciar un “sobrepaso” de las facultades de guerra del presidente, que antes ya había ordenado bombardeos a infraestructuras nucleares iraníes sin tomar en cuenta a los comités de seguridad nacional del Legislativo.
Un Congreso complaciente, con chispazos de rebeldía
La mayoría republicana en la Cámara y el peso conservador en el Senado, han permitido a Trump avanzar su agenda con escaso coste político, frenando iniciativas de supervisión y rechazando intentos de limitar por ley el recurso a emergencias y órdenes ejecutivas.
Sin embargo, se han registrado episodios de rebeldía, como las revueltas de legisladores conservadores en votaciones clave sobre gasto y ayudas internas, o las quejas bipartidistas por la falta de información sobre operaciones en el exterior, que de momento no han cristalizado en una coalición estable para limitar la autoridad presidencial.