La investigación por las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra volvió a activarse este jueves, cuando la Policía Nacional ingresó a la sede de la aerolínea para clonar sus servidores en busca de pruebas sobre el rescate de 53 millones de euros.
El operativo, ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº15 de Madrid, se produce pese al archivo previo del caso por un error procesal, y coincide con nuevas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción y registros simultáneos en empresas vinculadas a contrataciones públicas bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Lea también: Video: avioneta impacta un carro tras aterrizar de emergencia
También se conoció que en la mañana de este jueves 11 de diciembre fueron detenidos tanto el dueño de Plus Ultra como el CEO de la compañía.
Policía registra sede de Plus Ultra: nueva investigación por ayudas públicas
Todo comenzó cuando Plus Ultra, aerolínea con vínculos con Venezuela, recibió en 2021 un rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ese auxilio ya había sido objeto de una investigación judicial que fue archivada por un error procesal en la prórroga de la instrucción.
La causa previa se remonta a noviembre de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Madrid aceptó los argumentos de la aerolínea y declaró que había transcurrido el plazo legal de doce meses para acordar su imputación. Los magistrados sostuvieron que, “en un proceso con todas las garantías”, ya no podía citarse a la compañía.
Según las fuentes la magistrada Esperanza Collazos no tramitó a tiempo la prórroga del caso y citó en dos ocasiones a la aerolínea, en mayo y junio, aunque la comparecencia nunca se realizó. La Audiencia determinó que la expiración del plazo hacía inviable incorporar nuevo material probatorio, lo que derivó en el archivo y el sobreseimiento provisional en enero de 2023.
La causa buscaba establecer si la ayuda otorgada a Plus Ultra durante la pandemia cumplía con los requisitos de legalidad.
Señalan que peritos del juzgado consideraron que la compañía mostraba signos de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que la descalificaba para recibir los fondos. Sin embargo, la SEPI y dos consultoras externas sostuvieron que la aerolínea no estaba en causa de disolución. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid concluyeron que no había indicios de delito.
Detienen al presidente y al CEO de Plus Ultra, esto se sabe
Se conoció en la mañana de este jueves 11 de diciembre que La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a Julio Martínez,dueño de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, CEO de la compañía.
Por el momento, no han trascendido más detalles de una operación cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Los responsables legales no han dado su versión.
Fiscalía Anticorrupción lidera la nueva investigación
La investigación reactivada está ahora a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. No se han revelado detalles adicionales, aunque la conexión con el procedimiento anterior podría explicar que la misma magistrada retome el caso o decida reabrir diligencias previas.
Uno de los puntos que se analizó en la investigación de 2022 fue el pago realizado a la petrolera venezolana PDVSA con parte de las ayudas públicas.
Los peritos de la aerolínea defendieron que el pago correspondía a una deuda que no pudo saldarse antes por sanciones y embargos internacionales. Peritos independientes, en contraste, cuestionaron que se priorizara este desembolso sobre otras obligaciones más urgentes.
La investigación permanece bajo secreto.
Operativos simultáneos en tres ciudades
En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó registros en empresas vinculadas a Servinabar, dentro de otra investigación dirigida por la Audiencia Nacional.
Los operativos se producen tras la detención de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, investigados por supuestas irregularidades en contrataciones públicas. También se registró un tercer arresto en Vizcaya.
Los registros tuvieron lugar en Madrid, Sevilla y Zaragoza, centrados en sociedades relacionadas con Servinabar, cuyo propietario es Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Fuentes de la investigación señalaron que, por ahora, no se prevén nuevas detenciones.