La Contraloría inició un proceso de control fiscal y vigilancia a la adquisición del Gobierno Nacional de la flota de 17 aeronaves de combate “Gripen”, luego de solicitar de manera formal al Ministerio de Defensa, la copia del contrato y los estudios previos que sustentan la compra de los mismos, con respecto a otras alternativas internacionales.
Carlos Hernán Rodríguez, envió la petición al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que pidió adjuntar la copia íntegra del acuerdo suscrito con la entidad que asesoró sobre este proceso de contratación.
El organismo fiscalizador busca esclarecer las razones técnicas, legales y económicas que llevaron al Gobierno a seleccionar los aviones Gripen E y F, descartando otras opciones que se encontraban sobre la mesa, como los aviones franceses Rafale o los F16 de Estados Unidos.
La entidad otorgó un plazo de cinco días hábiles para recibir esta documentación en medio digital, advirtiendo que la reserva de información no es válida ante sus funciones constitucionales. Le podría interesar: Crece presión para investigar a Verónica Alcocer por posible lavado de activos
Esto se sabe sobre la millonaria transacción
El acuerdo que hoy revisa la Contraloría se oficializó durante la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), cuando el presidente, Gustavo Petro, confirmó la firma del contrato con la empresa sueca Saab.
La operación, valorada en aproximadamente $16,5 billones, tiene como objetivo la compra de 17 aeronaves, divididas en modelos monoplaza Gripen E y biplaza Gripen F. Estos equipos llegarán al país para reemplazar a los antiguos Kfir de fabricación israelí, cuya vida útil finalizó tras décadas de servicio.
Según explicó el Gobierno, los nuevos aparatos destacan por su capacidad de operar desde ubicaciones no convencionales y poseen costos de operación menores en comparación con otros bimotores del mercado.
El cronograma establecido proyectó que las entregas de las aeronaves se realizarán de manera escalonada entre los años 2026 y 2032, mientras que el pago de la deuda empezará a ejecutarse dentro de dos o tres años. Sin embargo, la magnitud de la inversión generó un intenso debate nacional sobre la pertinencia del gasto y la transparencia en la selección del proveedor.
Uno de los puntos que motivó la vigilancia fiscal surgió tras las comparaciones hechas con una compra similar realizada por Tailandia. Diversos sectores políticos cuestionaron por qué Colombia pagó un valor unitario superior al del país asiático por el mismo tipo de avión.
La investigación periodística y los documentos de la empresa fabricante aclararon que la diferencia radicó en el alcance del paquete adquirido. Tailandia compró solo cuatro aviones y ya contaba con infraestructura previa, simuladores y personal capacitado desde 2011, lo que redujo sus costos de integración.
Por el contrario, el contrato colombiano incluyó una renovación total de la capacidad aérea y una serie de acuerdos de compensación industrial y social, conocidos como offsets. El presidente Petro señaló que el trato con Suecia obligó a la empresa Saab a invertir en sectores ajenos a la defensa. Lea también: Gastos de Gustavo Petro generan polémica por compras de lujo y burdel en Portugal
Estos compromisos abarcaron la construcción parcial y dotación tecnológica del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, la instalación de una planta de paneles solares en el Caribe y sistemas de desalinización de agua en La Guajira, además de transferencia de conocimientos en ciberseguridad y tecnología aeroespacial.
Solicitud para una investigación internacional
La polémica trascendió las fronteras nacionales cuando el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso solicitó a la Unidad Nacional Anticorrupción de Suecia iniciar una investigación preliminar.
En su carta, Enciso instó a las autoridades europeas a verificar si existieron ventajas indebidas o favorecimientos a funcionarios públicos colombianos durante la negociación. El exfuncionario pidió determinar si hubo intermediarios que facilitaron la transacción y si esto guardó relación con la presencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en territorio sueco.
La solicitud de Enciso también hizo referencia a denuncias pasadas sobre supuestos ofrecimientos de dinero en procesos de compras militares. El documento enviado a Suecia requirió rastrear flujos financieros y comunicaciones para descartar cualquier irregularidad bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Entre tanto, el Gobierno defendió la legalidad de lo actuado y aseguró que el proceso cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos por la fuerza pública. Le podría interesar: Radicada moción de censura contra Mindefensa por muerte de menores en bombardeos
Ante los cuestionamientos y rumores de sobrecostos, el Presidente desestimó las críticas y retó a los denunciantes a presentar pruebas técnicas que demostraran irregularidades financieras. El mandatario aseguró que la compra se evaluó rigurosamente y atribuyó parte de la controversia a una molestia geopolítica de Estados Unidos.
Petro sugirió que existió presión para adquirir aviones F16 usados y calificó la inclusión en listas de observación internacional como una represalia por haber optado por la tecnología sueca en lugar de la oferta estadounidense.
El Jefe de Estado enfatizó que Colombia actuó bajo su soberanía para modernizar su defensa sin depender de armamento de segunda mano. Asimismo, defendió los beneficios tecnológicos que traerá la alianza con Suecia y negó cualquier anomalía en la gestión contractual.