El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que le pidió moderar su lenguaje y actuar con respeto hacia las instituciones, luego de los duros calificativos que lanzó contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
En los últimos días, Benedetti calificó a la magistrada como “loca, demente y enferma” y la acusó de adelantar una persecución en su contra, tras el allanamiento a su residencia en Barranquilla dentro de un proceso judicial que lo involucra. Según el ministro, el operativo fue abusivo y afectó a su familia, aunque aseguró que “no encontraron nada de valor para su investigación”. Lea: Procuraduría indaga a Benedetti por tildar de “loca y demente” a Cristina Lombana
Judicatura defiende independencia de la Corte Suprema
Ante estos señalamientos, el magistrado Vallejo consideró que los ataques del funcionario representan “un grave atropello a la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado Social y Democrático de Derecho y, por ende, garantía indispensable para la protección de los derechos y libertades de todos los habitantes de la patria”.
En la misiva dirigida al ministro del Interior, el presidente de la Judicatura recordó que cualquier inconformidad frente a los procesos judiciales debe presentarse dentro de los canales establecidos por la ley y no mediante descalificaciones públicas.
“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia, que va en contravía de la autonomía judicial y para nada contribuyen al interés de unir a la nación en torno a propósitos democráticos que se tramiten por las vías institucionales propias de un Estado liberal, basado en el irrestricto respeto a la dignidad humana”, enfatizó Vallejo.
Finalmente, el magistrado recordó el compromiso asumido por las diferentes autoridades del Estado ante la Conferencia Episcopal, incluido el presidente de la República, de desescalar el lenguaje y fomentar un diálogo institucional respetuoso.