Estados Unidos se ha abstenido de participar en la revisión prevista sobre su expendiente sobre Derechos Humanos, el llamado Examen Periódico Universal o EPU, que se iba a celebrar este viernes en el seno del Consejo de DDHH de la ONU, en una decisión sin precedentes por parte de Washington y en lo que se trata de un nuevo episodio de su relación prácticamente inexistente con la institución internacional.
Estados Unidos omite su revisión periódica de derechos humanos en la ONU
Los representantes estadounidenses se ausentaron de la sesión del viernes, validando así el anuncio que hicieron el pasado mes de agosto, comunicado en su momento por la jefa del departamento de UPR del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.La Administración Trump lleva argumentando desde principios de año que no admitirá lecciones sobre responsabilidades humanitarias y que el país es, en realidad, un campeón de las libertades civiles y ejemplo a seguir.
El Consejo, en su comunicado de reacción, acabó posponiendo al año que viene el examen, con la esperanza de que EEUU termine participando en el mismo en algún momento. No obstante, “expresó su pesar por la decisión” e instó al Gobierno norteamericano a reanudar su cooperación, de conformidad con las resoluciones pertinentes.
Organizaciones como Amnistía Internacional han deplorado esta decisión, que está a punto de sentar “un precedente vergonzoso”, en palabras de su directora de relaciones internacionales en EEUU, Amanda Klasing.
“El Gobierno de Trump ha intensificado su desprecio por la rendición de cuentas internacional y los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Al negarse a participar en este proceso, se ha sumado a países como Nicaragua en el debilitamiento de este mecanismo, colocando a Estados Unidos a la cabeza de la carrera hacia el abismo mundial en materia de Derechos Humanos”, ha lamentado.
Amnistía aprovecha para denunciar la deriva autoritaria protagonizada por la segunda Administración Trump, a la que acusa de reprimir disidentes, criminalizar protestas, protagonizar asesinatos extrajudiciales de personas en sus ataques a las presuntas narcolanchas en América Latina y el Caribe, y de desmantelar su propia estructura de DDHH al retirar la financiación a las agencias nacionales encargadas de su protección.
“La retirada del Examen Periódico Universal (EPU) se ajusta a un patrón más amplio de evasión, secretismo y abdicación de responsabilidad”, ha zanjado Klasing.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también ha condenado el boicot. Para su directora ejecutiva en California, Chandra Bhatnagar, el Gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el peor enemigo de las libertades de su propia ciudadanía.
“Desde la discriminación y la violencia infligidas en las redadas migratorias, hasta los ataques a la libertad de expresión de manifestantes y periodistas, pasando por el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses en ausencia de crisis, el mundo observa cómo el Gobierno de Estados Unidos atenta contra los derechos constitucionales y humanos de su propio pueblo”.