El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda por una de sus políticas de Gobierno que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La querella legal fue promovida por una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia.
Según lo que se conoció, la situación apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.
Esta restricción, denominada ‘costos no admisibles’, establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluyendo los asignados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), no pueden utilizarse para apoyar ni prestar servicios legales a ningún indocumentado o extranjero sujeto a deportación, con algunas excepciones limitadas.
Estados demócratas piden que se cumplan las medidas
En la demanda presentada hoy en Rhode Island, la coalición de estados demócratas alega que la prohibición viola la Cláusula de Gastos designada en la Constitución de los Estados Unidos.
Además, la disposición restringe ambiguamente los ‘servicios legales’ sin especificar los tipos de servicios sujetos a la medida, lo que deja a los estados y a sus subvencionados “la tarea de adivinar” qué servicios están cubiertos, argumenta la querella legal.
También alegan que la medida le exigirá implementar a los estados procesos onerosos para verificar el estatus migratorio de todos los clientes antes de poder ofrecer los servicios.
El apoyo legal proporcionado por los fondos de VOCA y VAWA incluye ayuda para presentar denuncias policiales y órdenes de protección; solicitar indemnizaciones y asistencia con las visitas de los padres, entre otras.
“La Administración Trump continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo en un comunicado el fiscal General de California, Rob Bonta, que hace parte de la demanda.
El fiscal indicó que “la nueva y vaga condición” del Departamento de Justicia obligaría a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios, sabiendo que aún podrían incumplir las exigencias y acabar en la mira de la Administración Trump.
“Ojalá el presidente Trump dejara de crear problemas donde no los hay y centrara su energía en políticas que realmente reduzcan la delincuencia y protejan la seguridad pública”, agregó Bonta.
Además de California, la demanda fue presentada por New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.