Gregory Meeks, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, envió una carta al presidente Donald Trump en la que le alertó sobre las graves consecuencias de una eventual descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
El legislador subrayó que reducir o suspender la cooperación bilateral pondría en riesgo la seguridad de Estados Unidos y daría mayor poder a las organizaciones criminales transnacionales. Lea también: Trump confirmó segundo ataque militar de Estados Unidos en Venezuela
Recordó que, por ley, la Casa Blanca debe evaluar anualmente el desempeño de los principales países productores y de tránsito de drogas, y que una descertificación conlleva recortes de asistencia, salvo que el Ejecutivo otorgue exenciones por interés nacional.
Congreso de EE. UU. advierte a Trump sobre impacto de una posible descertificación de Colombia
Meeks instó a mantener los esquemas actuales de apoyo, pero en caso de avanzar hacia la descertificación, pidió incluir salvaguardas amplias que garanticen la continuidad de la ayuda. “Una medida de este tipo sin excepciones fortalecería a grupos designados como terroristas, aumentaría la producción de coca y estimularía la economía ilícita”, advirtió.
Resultados de la cooperación
El congresista destacó que la relación entre Washington y Bogotá ha sido un pilar de la estabilidad regional durante más de dos décadas, especialmente desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000. Entre enero de 2024 y junio de 2025, el 85 % de la inteligencia usada por el Comando Conjunto Interagencial Sur (JIATF South), con sede en Key West, provino de Colombia.
En 2024, las autoridades colombianas incautaron cerca de mil toneladas de cocaína —equivalentes a 750 millones de dosis letales—, lo que representó el 65 % de las incautaciones mundiales y supuso pérdidas cercanas a los 22.500 millones de dólares para las redes criminales.
El congresista también resaltó los sacrificios de las fuerzas de seguridad colombianas, como el asesinato de 13 policías en Antioquia durante labores de erradicación, y los avances judiciales, con un récord proyectado de 288 extradiciones a EE. UU. en 2025.
Un efecto regional
Meeks recordó además que, a través del Plan de Acción Conjunto EE. UU.-Colombia (USCAP), Bogotá ha entrenado a fuerzas de seguridad en al menos ocho países de la región, experiencia que ha resultado clave frente a desafíos como la violencia de pandillas en Ecuador y Haití.
“Esta asociación no es caridad: es una inversión en la seguridad de Estados Unidos”, recalcó el congresista, al advertir que cada dólar invertido en Colombia debilita a redes criminales, protege a comunidades estadounidenses y refuerza a un socio democrático frente a la influencia de potencias como Rusia, China e Irán.
Meeks cerró su carta pidiendo preservar la política bipartidista hacia Bogotá, al señalar que una ruptura de la cooperación actual sería “un regalo para las organizaciones criminales” y afectaría de forma desproporcionada a comunidades afrocolombianas e indígenas, ya golpeadas por la violencia del narcotráfico.