La tarde del sábado 23 de agosto, la parroquia Crucita, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, fue escenario de un nuevo hecho de violencia que dejó como saldo cinco personas muertas.
Según el reporte oficial, las víctimas se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron interceptadas por hombres armados que abrieron fuego de manera indiscriminada. Testigos aseguran que los atacantes eran al menos tres y que emplearon armas de gran poder, lo que provocó que la escena quedara marcada por la brutalidad del ataque. Lea: Ecuador declara al ‘Cartel de los Soles’ como una agrupación terrorista
Manabí, bajo presión por la violencia criminal
Los fallecidos fueron identificados como José Ramón García Zambrano, Diego Iván Vega Mero, Kevin Fernando Mera Castro, Jefferson Kelvin Chávez Loor y Sneyder Josué Palacios Carranza, todos residentes de la provincia de Manabí. Los cuerpos fueron trasladados al centro forense de Manta, donde sus familiares llegaron en medio de expresiones de dolor y desesperación.
🇪🇨 | #ÚLTIMAHORA Sicarios asesinaron a 5 personas dentro de un auto en Crucita, parroquia del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. Los atacantes huyeron tras la masacre.
— Noticia058 (@Noticia058) August 24, 2025
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El ataque se registró alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando el automóvil Hyundai gris en el que viajaban las víctimas fue interceptado. La Policía encontró los cuerpos dentro y alrededor del carro, con múltiples impactos de bala. A pocos metros del lugar, los uniformados localizaron otro vehículo abandonado que podría estar vinculado con la emboscada.
Las primeras hipótesis apuntan a que este hecho estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Manabí se ha convertido en uno de los territorios más afectados por el narcotráfico y por la violencia ligada a bandas armadas.
En lo corrido de 2025, en esta provincia se han registrado 13 masacres, una cifra que refleja la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa el país. La región permanece bajo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, en el marco del “conflicto armado interno” contra las estructuras del crimen organizado.