Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han vuelto a encender las alarmas internacionales. Esta semana, el mandatario estadounidense inauguró junto al gobernador Ron DeSantis el nuevo centro de detención para migrantes en los Everglades, Florida, bautizado por los medios como “Alligator Alcatraz”.
El nombre, más allá de su tono irónico, refleja un enfoque migratorio que mezcla espectáculo con endurecimiento de leyes. El centro albergará migrantes en espera de deportación, con jueces de inmigración in situ para acelerar los procesos.
Pero lo que más revuelo causó fue la declaración del propio Trump antes de viajar al sitio. “Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta, corran así”, dijo mientras hacía un gesto de zigzag con la mano, seguido de una ligera sonrisa. La frase, que banaliza el sufrimiento humano, ha sido interpretada por defensores de derechos humanos como una forma de deshumanizar a las personas migrantes. Para muchos, se trata de una retórica peligrosa que normaliza la violencia institucional. Por ello, el día de la visita se realizaron protestas en las afueras del lugar rechazando estas medidas.
Nuevas medidas y rechazo internacional de las políticas migratorias de Donald Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de inmediato: “No estamos de acuerdo con tratar a los migrantes como criminales”, afirmó tajantemente durante su conferencia de prensa matutina, haciendo énfasis en la dignidad humana de quienes migran. No es la primera vez que México toma distancia del enfoque estadounidense. La mandataria ha sostenido su postura frente a una serie de medidas que considera discriminatorias y violatorias del derecho internacional.
Y es que la política migratoria de Trump en 2025 ha sido intensa. A la par de Alligator Alcatraz, su administración ha promovido el cierre de oficinas migratorias en América Latina, ha presionado a instituciones como Harvard para frenar el ingreso de estudiantes extranjeros y ha revivido el debate sobre la ciudadanía por nacimiento. Este último punto se ha convertido en uno de los focos legales más controversiales del año.
El decreto presidencial que busca revocar el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento fue parcialmente desbloqueado por la Corte Suprema. Aunque el alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, sí levantó las medidas cautelares de aplicación nacional, permitiendo que entre en vigor en 28 estados como Texas, Misisipi, Arkansas o Dakota del Norte, dentro de 30 días, si no hay nuevas acciones judiciales. Sin embargo, grupos defensores de derechos civiles preparan una demanda colectiva para frenar la medida a nivel nacional.
Experta en relaciones internacionales explica la situación migratoria en EE.UU.
Para comprender mejor el alcance de estas políticas, El Universal consultó a la profesora Ildiko Szegedy Maszak, experta en relaciones internacionales y directora de la Maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. La académica señala que si bien el decreto aún no ha sido declarado constitucional, “sí sienta un precedente riesgoso” y evidencia una tendencia de reinterpretación del derecho migratorio con fines políticos.
En términos humanitarios, la experta advierte: “A lo más posible se van a bajar los flujos migratorios ilegales y también legales. Vamos a ver menores flujos de retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen o a otros países de su región o hacia Europa”. Lea: La nueva cárcel que Trump construyó alrededor de caimanes: así luce
Szegedy también considera que hay pocas esperanzas de intervención internacional frente a estas políticas. “Los casos judiciales exitosos hasta la fecha se basan en la regulación migratoria nacional de los EE. UU. Veo poca probabilidad de intervención internacional”.
Otro aspecto preocupante son los reportes de deportaciones hacia centros penitenciarios en El Salvador, bajo acuerdos “poco transparentes” entre ambos gobiernos. Szegedy asegurá: “Sí, las deportaciones a El Salvador en lo más posible van a seguir”. Y aunque algunas han sido frenadas por decisiones judiciales, no hay suficientes garantías procesales para quienes ya fueron trasladados.
Todo esto ocurre mientras un informe de Oxford Economics proyecta una caída abrupta en la inmigración neta de EE.UU. para 2025: de 1,7 millones en 2024 a solo 500.000 personas este año. Esta reducción responde principalmente al aumento en las deportaciones, que ya habrían expulsado a más de 300.000 personas en lo que va del año. La inmigración legal, sin embargo, se mantiene estable en torno a las 900.000 personas anuales, gracias a solicitudes de asilo, reunificación familiar y necesidades laborales.
Trump justifica sus políticas con un discurso de crisis. “El proceso de migración ilegal se convirtió en algo casi incontrolable”, ha dicho en múltiples foros. Según Szegedy, esa narrativa ha sido la base para legitimar medidas que, en el fondo, erosionan principios democráticos. “Se puede generar una afectación del sentido de libertad e igualdad en la sociedad estadounidense que puede resultar en división entre los ciudadanos”, advierte. Lea: Miles de colombianos en EE. UU. enfrentan deportación pese a migrar legalmente
Además del componente económico y social, hay un factor cultural en juego. Al criminalizar la migración, se refuerzan estigmas que afectan a generaciones enteras, incluso a ciudadanos estadounidenses con raíces de migrantes.
Millones de personas siguen en un limbo legal y humanitario.Los defensores de derechos humanos aseguran que Trump no ha terminado su cruzada contra la inmigración y que cada nuevo decreto parece diseñado no solo para frenar los flujos migratorios, sino también para enviar un mensaje: la inclusión no es una prioridad en su visión de país.