El Congreso de Ecuador aprobó este martes una reforma constitucional que permitiría el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, una medida impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. La propuesta deberá ser ahora ratificada en referéndum, conforme lo establece la Constitución vigente desde 2008.
Con 82 votos a favor de los 151 miembros de la Asamblea Nacional, la reforma fue aprobada tras un segundo debate que duró cerca de una hora.
“Este es un aporte decidido a la seguridad, en contra del crimen transnacional y para el retorno de la paz al territorio ecuatoriano”, expresó el Legislativo en su cuenta oficial de X.

Bases militares extranjeras: una reforma polémica
La medida, impulsada por Noboa desde octubre del año pasado, elimina una disposición constitucional introducida durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017), que prohibía expresamente la instalación de bases extranjeras en suelo ecuatoriano. En 2009, bajo ese mismo mandato, se puso fin al acuerdo que permitía a Estados Unidos operar en la base aérea de Manta con fines antidrogas. Puede leer:Los riesgos del alcohol: ¿cómo afecta su consumo?
El correísmo, que hoy representa la principal fuerza de oposición con 66 escaños, se manifestó en contra de la reforma. “Lo mejor es que haya cooperación entre los países de América Latina para evitar las bases militares o el armamento nuclear”, sostuvo el legislador Ricardo Patiño, exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores.
Lo que viene
Ahora será la Corte Constitucional la encargada de revisar el texto aprobado antes de que el presidente Noboa convoque a un referéndum nacional en un plazo máximo de 45 días.
En un contexto de creciente violencia, Noboa ha declarado a Ecuador en “conflicto armado interno” desde 2023, habilitando así a las Fuerzas Armadas para operar en tareas de seguridad interna. Según el mandatario, cooperaciones internacionales —como la ofrecida por Israel en materia de inteligencia— serán clave para enfrentar el crimen organizado que opera en el país.
De ser aprobada por la ciudadanía, esta reforma abriría la puerta al regreso de bases extranjeras en territorio ecuatoriano por primera vez en más de 15 años.