Un nuevo escándalo sacude al Gobierno nacional luego de que se conociera que un grupo de influenciadores viajó a Barranquilla a bordo de un avión de la Policía Nacional para asistir al cabildo abierto liderado por el presidente Gustavo Petro. El evento, donde el mandatario defendió su propuesta de consulta popular y no descartó una huelga general, quedó eclipsado por el revuelo que causaron las imágenes del polémico desplazamiento.
La controversia estalló cuando el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, compartió en redes sociales una foto junto a conocidos influenciadores afines al Gobierno, como ‘Wally’ y Celso Teté Crespo. Esto desató críticas desde sectores de la oposición, que calificaron como un “derroche” el uso de aeronaves oficiales para fines ajenos a la función institucional de la Policía.
Sin embargo, El Tiempo reveló que el Ministerio del Interior firmó un convenio con la Policía Nacional el pasado 21 de febrero, cuatro días antes de la designación de Armando Benedetti como nuevo titular de la cartera. Este acuerdo autoriza el uso de aeronaves para el ministro, sus funcionarios y “las personas que él autorice”.
El contrato, con una vigencia de 310 días, fue firmado por un valor de 7.000 millones de pesos. Según datos verificados por la Unidad de Datos de El Tiempo en la plataforma Secop I, hasta marzo se habían ejecutado 661 millones de pesos, equivalentes a 35,2 horas de vuelo y 13 trayectos certificados que transportaron a 166 pasajeros.
Entre los destinos registrados figuran Ibagué, Mocoa, Villavicencio, Cúcuta, Popayán y otras zonas del país.
El convenio establece que los recursos fueron desembolsados en su totalidad dentro de los 30 días posteriores a su firma y que la Policía aportaría personal técnico, pilotos, mantenimiento, hangares y combustible como parte del acuerdo.
El debate se intensifica debido a que este contrato se firmó en medio del plan de austeridad anunciado por el propio Gobierno a comienzos del año. El documento de política fiscal establece que todos los viajes de servidores públicos deben realizarse en clase económica, salvo casos justificados o vuelos de más de ocho horas.