En un hecho sin precedentes, agentes del FBI arrestaron a la jueza del condado de Milwaukee, estado de Wisconsin; Hannah Dugan, acusándola de obstrucción de la justicia y ocultamiento de una persona para evitar su arresto.
Según la denuncia penal, Dugan habría permitido que Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante mexicano con una orden de deportación previa, escapara por una puerta lateral del tribunal para eludir a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que esperaban detenerlo tras una audiencia celebrada el 18 de abril. Lea: Niña publicó videos íntimos en TikTok y la policía arrestó a su madre
Dugan, electa en 2016 y reelegida en 2022, es una figura reconocida por su trayectoria en defensa de poblaciones vulnerables y su trabajo en organizaciones de asistencia legal. La jueza fue liberada bajo palabra tras su detención y enfrentará su audiencia de acusación el próximo 15 de mayo. De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
La detención de Dugan ha desatado una tormenta política. Mientras legisladores republicanos exigen su destitución, acusándola de sabotear la ley federal, figuras demócratas y defensores de derechos civiles han condenado el arresto, calificándolo como un ataque a la independencia del poder judicial. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han advertido que esta acción podría sentar un peligroso precedente al criminalizar decisiones judiciales basadas en criterios de humanidad y equidad.
El caso ocurre en un momento en que las políticas migratorias de Estados Unidos atraviesan uno de sus periodos más duros. Desde su regreso al poder en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una agenda de “cero tolerancia” que revierte protecciones migratorias anteriores. Con la firma de la Orden Ejecutiva 14159, Trump ha eliminado las restricciones para realizar arrestos en lugares antes considerados sensibles, como escuelas, hospitales y, como en este caso, tribunales. Además, ha aumentado las penalizaciones para ciudades y funcionarios que interfieran con operativos federales de inmigración.
La atmósfera nacional en materia migratoria está marcada por un clima de tensión creciente. La retórica oficial insiste en reforzar la seguridad y el cumplimiento de la ley, pero críticos sostienen que las medidas actuales vulneran derechos fundamentales, atemorizan a comunidades enteras y deterioran el tejido de confianza entre residentes y autoridades locales. El arresto de la jueza Dugan simboliza el choque frontal entre dos visiones del país: una enfocada en la aplicación estricta de la ley migratoria federal y otra que prioriza la protección de los derechos humanos y la autonomía judicial.
El futuro de Hannah Dugan, y el alcance de la nueva política migratoria de Trump, ahora quedan en manos de los tribunales y de la opinión pública, en un momento en que el debate sobre el alma jurídica y moral de Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la escena.