La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el martes que ha ordenado a los fiscales federales solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare. El homicidio ocurrió el 4 de diciembre frente a un hotel en la ciudad de Nueva York.
Este es el primer caso en el que el Departamento de Justicia busca la pena capital desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo en enero y prometió reanudar las ejecuciones federales.
Mangione, de 26 años, enfrenta cargos estatales y federales por el asesinato. Los cargos federales incluyen homicidio con arma de fuego, lo que permite la pena de muerte, mientras que los estatales contemplan cadena perpetua como castigo máximo. Lea aquí: Hibristofilia y Luigi Mangione: las redes idolatran al presunto asesino
El acusado ya se ha declarado inocente ante la justicia estatal, pero aún no ha respondido a los cargos federales. Según los fiscales, ambos procesos judiciales avanzarán de manera paralela, aunque no está claro si la decisión de Bondi modificará el orden de los juicios.
“El asesinato de Brian Thompson —un hombre inocente y padre de dos niños pequeños— fue una ejecución premeditada y a sangre fría que estremeció al país”, afirmó Bondi en un comunicado. La secretaria describió el crimen como “un acto de violencia política” y aseguró que la decisión de buscar la pena capital responde a la agenda de Trump para combatir el crimen violento y “Hacer a Estados Unidos Seguro de Nuevo”.
Detalles del asesinato y captura de Mangione
Thompson, de 50 años, fue atacado a tiros mientras se dirigía a una conferencia de inversores en el hotel Hilton Midtown de Manhattan.
Las cámaras de seguridad registraron a un hombre enmascarado disparándole por la espalda. En la escena del crimen, los investigadores hallaron municiones con las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer” escritas, en referencia a tácticas que, según críticos de la industria, usan las aseguradoras para evitar pagar reclamaciones.
Tras una intensa búsqueda de cinco días, Mangione fue arrestado el 9 de diciembre en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Nueva York. Portaba un arma 9mm que coincidía con la utilizada en el crimen, una identificación falsa y un cuaderno con mensajes de odio hacia las aseguradoras y sus ejecutivos.
Entre sus anotaciones, los fiscales destacan una de agosto de 2024 donde afirmaba que “las aseguradoras son el objetivo” y otra de octubre en la que mencionaba su intención de “eliminar” a un CEO del sector. Le puede interesar: Revelan tenebrosas anotaciones de Luigi Mangione antes del crimen de Thompson
UnitedHealthcare, la mayor aseguradora de salud de EE.UU., aclaró que Mangione nunca fue cliente de la compañía.
Karen Friedman-Agnifilo, abogada de Mangione, ha cuestionado las acusaciones paralelas y ha solicitado que se excluyan ciertas pruebas recogidas durante la detención. Además, criticó la coordinación entre las jurisdicciones estatales y federales, asegurando que su cliente está siendo tratado como “una pelota de ping-pong legal”.
Tras su arresto, Mangione fue trasladado a Nueva York en un operativo de alto perfil, custodiado por un equipo armado y escoltado por el alcalde de la ciudad, Eric Adams.
El regreso de la pena de muerte en EE.UU.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha restablecido su política de aplicar la pena de muerte en casos federales. En su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Justicia a buscar la pena capital cuando la ley lo permita.
Su predecesor, Joe Biden, había emitido una moratoria sobre las ejecuciones federales y conmutó las sentencias de 37 de los 40 prisioneros en el corredor de la muerte. Sin embargo, la administración Trump llevó a cabo 13 ejecuciones federales durante su primer mandato, más que cualquier otro presidente en la historia moderna. Más aquí: Luigi Mangione: revelan las posibles razones del asesinato de Brian Thompson
Con el caso de Mangione, Bondi marca el primer paso en la reanudación de esta política, reforzando la postura del gobierno republicano de castigar severamente los crímenes violentos.