Un caso de violencia infantil ha conmocionado a la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, donde una mujer de 24 años y su pareja, un adolescente de 16, han sido acusados de causar la muerte de una menor de edad. La madre fue enviada a prisión preventiva, mientras que el menor enfrenta un proceso judicial en el sistema de justicia juvenil.
Según informó el fiscal Daniel Ortuño, la agresión ocurrió luego de que la niña despertara llorando y con hambre, lo que generó la furia de su madre y del adolescente.
“Producto de que la niña lloraba como consecuencia del hambre que tenía y que también la madre estaba aburrida con su propia hija, por el consumo o inhalación de marihuana tanto de la madre como de la pareja, un adolescente de 16 años de edad provoca malestar en ellos y estas personas ejercen violencia física en contra de la integridad corporal de la niña”, explicó el fiscal. Lea: Mujer es acusada de secuestrar y vender a su propia hija
De acuerdo con la investigación, la menor fue golpeada con fuerza contra la pared y en varias partes del cuerpo, hasta que sufrió una grave lesión en la cabeza.
“En primera instancia, el adolescente golpea en el área costal a la menor y también la agrede sexualmente. Posterior a ello, cuando la niña continuaba llorando, la madre también golpeó a la niña en la cabeza. Estos golpes, generados tanto con puños como contra la pared, conllevaron a provocar fractura en el hueso occipital, lo que desencadenó que la niña llegara a perder la conciencia. En esta situación, entran en pánico y se asustan, toda vez que la niña no reaccionaba y la auxilian al Hospital Municipal del Plan Tres Mil, pero ya llegó sin signos vitales”, detalló Ortuño.
Al notar que la menor no reaccionaba, ambos la trasladaron de emergencia al Hospital Municipal del Plan Tres Mil, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las investigaciones determinaron que la menor ya había sido víctima de violencia en días previos. “Este calvario que la niña venía atravesando desde el sábado en la madrugada”, indicó el fiscal.
El caso ha generado un profundo rechazo en la población, con llamados de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia para que se garantice justicia. La madre permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial, y el adolescente está bajo evaluación para determinar su responsabilidad en los hechos.